TIERRA NOTICIAS. La juez anticorrupción, Sara Céspedes, ordenó el miércoles que la directora de Contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba, Carolina Ayala, se defienda en libertad y cumpla medidas sustitutivas a la detención preventiva, por su presunta implicación en la compra municipal de útiles y mochilas escolares de este año, informó el miércoles el representante regional del viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga.

"Le ha aplicado medidas sustitutivas a la detención preventiva", informó al final de la audiencia de medidas cautelares de la imputada, que se realizó en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Detalló que la funcionaria tendrá que pagar una fianza de 100.000 bolivianos, cumplir un arraigo y cambiar de dirección municipal para que no tenga relación alguna con el caso investigado, para defenderse en libertad.

Veizaga informó que esa resolución fue apelada, porque se emitió pese a que la jueza determinó que Ayala es con probabilidad culpable de la comisión de dos de los tres delitos imputados en su contra.

Sostuvo que el Ministerio Público demostró que la imputada incumplió deberes, porque "no fiscalizó de manera adecuada el proceso de contratación" y realizó negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública cuando participó en un proceso de adjudicación, que resultó ser "simulado" para el beneficio de una empresa.

"Además de eso, la juez ha establecido de manera, también, categórica que en el caso la imputada puede obstaculizar la investigación, es decir, hacer desaparecer elementos de prueba e influir en testigos o partícipes del hecho", agregó.

Por su parte, el abogado defensor de Ayala, Dante Reyes, dijo que la resolución de la jueza es justa, porque en principio no consideró la imputación contra su cliente por el cargo de uso indebido de influencias.

"Si parte de ese principio racional, técnico, jurídico, la jueza, obviamente los otros delitos si bien se han consignado igual van a caer por su propio peso", manifestó.

El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental '26 de Febrero', que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.