TIERRA NOTICIAS. La Procuraduría General realizó el lunes un acto de "Reconocimiento Público de Responsabilidad Internacional del Estado" por el Caso I.V, en el marco de una instrucción emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"El Estado reconoce su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima, la señora I.V., y para que mediante su difusión este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en nuestro país", dijo el procurador Pablo Menacho, citado en un boletín institucional.

En ese acto, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Ernesto Rossell, realizó la entrega simbólica de un cheque a Rielma Mencias, directora de "Derechos en Acción", quien representó a la señora I.V.

En diciembre de 2016, la CIDH halló responsable al Estado boliviano de vulnerar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia de la ciudadana identificada con las iniciales I.V.

Menacho explicó que se trata de una sentencia fundadora y pionera que es emitida por la CIDH en materia específica del consentimiento libre e informado en materia de salud.

Asimismo, recordó que, en los últimos años, el Estado boliviano "ha tenido importantes mejoras bajo la administración del presidente Evo (Morales) a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado y la inserción en ella, de nuevos derechos".

"Nuestra Constitución es de tercera generación e incorpora el derecho a la salud como parte de los derechos fundamentales del ser humano y eso no puede quedar simplemente en el plano formal, sino que tiene que ser implementado de una forma eficiente y eficaz en el plano real", complementó.

Según el boletín de prensa, entre otros cumplimientos, promulgó la Ley 971, de 16 de agosto de 2017, que señala la prestación de atención médica a la damnificada en el centro de rehabilitación sugerido por ella, así como en un seguro especializado.

Asimismo, el 3 de marzo de 2017, realizó una publicación referida a la sentencia de la CIDH, además de sostenerse reuniones con el Ministerio de Salud para la edición y publicación de una cartilla que desarrolle, en forma sintética, clara y accesible, los derechos de las mujeres, en cuanto a salud sexual y reproductiva se refiere.

Además, acatando la sentencia de la CIDH, el Comité Ejecutivo de las Universidades de Bolivia instruyó a las universidades públicas y facultades de Medicina incluir, en sus programas académicos, el consentimiento informado como derecho de las personas.

También, el 28 de julio de 2017, sostuvo una reunión con el Comité Nacional de Integración Docente Asistencial, Investigación e Interacción Comunitaria, instancia interinstitucional, cita en que se comprometió coadyuvar en el cumplimiento de lo solicitado por la CIDH.