"Lo que hace esta ley es establecer una normatividad jurídica y un proceso administrativo para establecer derechos y garantías de estas personas colectivas, esta ley no le dice a la iglesia que va a predicar de una u otra manera", precisó. 

Borda desmintió algunas voces que afirman que ese proyecto fue propuesto por el Gobierno con el afán de regular a las organizaciones religiosas, ya que fue elaborado desde el año 2014 a pedido de esas instituciones.

En ese marco, Borda recordó que con la actual Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas se emite ese documento a todas las instituciones sin fines de lucro, es decir: Organizaciones sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, entidades civiles, iglesias y agrupaciones religiosas y de creencia espiritual, sin distinción alguna, lo que perjudica a las organizaciones religiosas, ya que se les exige muchos requisitos.

"En la ley 351 se da un plazo de dos años para la obtención de personería jurídica que no ha sido cumplido, porque tenemos un informe que señala que existen 380 organizaciones religiosas que actualmente solicitaron sus personerías jurídicas, de estas ni una ha sido concedida por la Cancillería, porque tienen que cumplir ciertos requisitos que las organizaciones religiosas no cumplen", sostuvo.

De acuerdo a este proyecto de ley, la entidad encargada de emitir las personerías jurídicas será el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hará mediante Resolución Suprema, hecho que agilizará el trámite.

Asimismo, explicó que el proyecto de ley indica que la finalidad de esta norma es reconocer y respetar la libertad religiosa para promover la convivencia pacífica y coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales.

Detalló que entre los derechos que obtienen las organizaciones religiosas a partir de este proyecto de ley figura que serán reconocidas como personas jurídicas sin fines de lucro, podrán recibir aportes voluntarios en dinero o en especie siempre y cuando estos recursos provengan de actividades lícitas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Baja subrayó que las organizaciones religiosas no serán fiscalizadas en cuanto a los aportes voluntarios que reciben de parte de sus seguidores.

Añadió que el proyecto de Ley aprobado pasará en las siguientes horas a la Cámara de Senadores para su tratamiento.