García Linera dramatiza el SUS para que Chapetón y Patzi firmen convenio, Gobernación muestra convenio centralizador
El segundo del Ejecutivo boliviano, en la entrega de obras en El Alto, recordó que el SUS beneficia a la población que no cuenta con seguro médico, entre ellos, comerciantes, transportistas, campesinos y constructores, entre otros.
"Pido a mis hermanos dirigentes que eso debatan y que nos ayuden para que se ablande el corazón de la Alcaldía (de El Alto), de la Gobernación (de La Paz), para que nos dejen que ayudemos, queremos ayudarles, pero no nos están dejando ayudar", en estos terminos instigó a la gente García Linera.
Con el argumento de que el Gobierno tiene dinero para el SUS, el vicepresidente insistió en la firma del convenió con gobernaciones y alcaldías, para que los hospitales pase a manos del Ministerio de Salud, situación rechazada por los gobiernos regionales, porque contravendría las Autonomías.
La Gobernación de La Paz, de Santa Cruz y Tarija, se niegan a firmar los convenios intergubernativos con el Gobierno porque consideran que vulneran la Ley de Autonomías y argumentan falta de recursos para la implementación del SUS.
El Gobierno ha previsto un presupuesto inicial de 200 millones de dólares, que subirá gradualmente, y ha presentado una convocatoria para contratar 8.000 médicos para el SUS.
Necesitamos cuatro cosas para mejorar los servicios de salud -decía uno de los Directores de Hospitales de La Paz en el último Gabinete Medico que celebra cada mes la Gobernación de La Paz: i) infraestructura hospitalaria, ii) equipamiento, iii) recursos humanos y iv) medicamentos.
En un Estado con autonomías como el actual, fácilmente podían convertirse los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) en operadoras de iniciativas como el Servicio Universal de Salud (SUS) propuesto por el Gobierno Central y en función de las características, metas de cobertura del SUS y recursos financieros, trabajar conjuntamente en el acondicionamiento de los factores que permitan cumplir con dichas metas.
La Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAD) -que tiene a la “reciprocidad” como uno de sus principios- señala que: “El nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en beneficio de los habitantes del Estado”.
La propuesta de convenio enviada por el Ministerio de Salud a la gobernación de La Paz para la implementación del SUS, sin embargo, está lejos de ser un convenio en la que dos entidades acuerdan voluntariamente y en condiciones de mutuo respeto un trabajo concurrente para resolver un problema sectorial altamente sensible como el de la salud. Así como está, “el convenio enviado por el Ministerio de Salud a la Gobernación de La Paz, parece más una conminatoria que un acuerdo voluntario entre dos partes”, señala Agramont.
El propósito principal del Convenio tampoco está claro, se dice en el documento que es “para implementar y fortalecer el Sistema Único de Salud en los Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención del Departamento de Oruro”. Sin embargo, al margen de la confusión del nombre del departamento que es una muestra de la desprolijidad con la que se maneja el tema, las principales cláusulas del Convenio se centran en el traspaso de la competencias de la gobernación al Ministerio de Salud, es decir, el objetivo específico, más que la implementación del SUS, parece ser la centralización de la atención de los servicios públicos de salud en el Ministerio de Salud con aporte de activos y recursos financieros -en este caso- de la Gobernación de La Paz.
Los contenidos del convenio son claros en ese sentido.
En la Cláusula 5.1 de dicho convenio, se establece que las principales competencias (9 de las 21) de los Gobiernos Departamentales Autónomos establecidas en el artículo 81, parágrafo III de la LMAD, pasen al Ministerio de Salud. En la cláusula 5.2, las atribuciones del SEDES establecidas en el artículo 9 del D.S. 25233, pasan a ser atribuciones del Ministerio de Salud. De ese modo, se convierte a la existencia de los SEDES en un sin sentido y el Ministerio de Salud se transforma en la única entidad con atribuciones para:
- “Contratar y retirar al personal asignado para el Sistema Único de Salud de acuerdo a normativa vigente” (Clausula 5.2 inciso b).
- “Administrar los recursos físicos y financieros asignados a la gestión de salud…” (Clausula 5.2 inciso c).
- “Administrar los bienes, insumos y servicios y otros apoyos logísticos asignados en custodia…” (Clausula 5.2 inciso d).
La Gobernación de La Paz también señala que, el convenio propuesto por el Ministerio de salud, no sólo no solo busca arrebatar las competencias de las gobernaciones sino también le impone a la gobernación de La Paz la “cesión voluntaria“ de todos los activos, recursos humanos y financieros en materia de salud de las gobernaciones a Ministerio de Salud (Clausula 6.2): .
- “Realizar las gestiones técnicas, legales, administrativas y económico financieras necesarias para que el Ministerio de Salud pueda ejercer sus nuevas responsabilidades.
- “Comprometer recursos financieros en el presupuesto institucional de la GOBERNACIÓN para garantizar el cumplimiento de responsabilidades que derivan de la competencia concurrente en materia de salud”
- “Realizar el inventario de activos de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel.… para que el MINISTERIO asuma la custodia de los mismos”.
En definitiva, las cláusulas del Convenio propuesto por el Ministerio de Salud a la Gobernación de La Paz son altamente reveladores del carácter centralista y autoritario del actual gobierno central y confirman la falta de sentido autocritico del mismo porque se olvida que, gran parte de la situación crítica del sector de salud en la actualidad, sobre todo en el tercer nivel, se debe al incumplimiento de la obligación establecida en las Disposición Transitoria Décimo Séptima de la LMAD de elaborar una propuesta técnica de pacto fiscal que debería permitir la reasignación de los recursos fiscales a las gobernaciones para que las mismas puedan contar con los recursos necesarios para el ejercicio de nuevas competencias asignadas como el de la salud.
Fácilmente el pacto fiscal podría servir para elaborar una propuesta concertada de reasignación recursos condicionada a la realización de inversiones en materia de salud. De ese modo iniciativas como el Seguro Universal de Salud podría fluir de manera armónica y coordinada en todo el territorio nacional.
El gobierno central actual, sin embargo, parece haber renunciado a la construcción de un estado con autonomías y no solo eso, la implementación del SUS centralizado. se constituye en el momento es la expresión más clara del agotamiento del denominado “proceso de cambio” y es una muestra de la incapacidad del actual gobierno central de encontrar respuestas a viejos problemas como el de la salud, en el marco del Nuevo Estado Plurinacional Autonómico.
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