La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, hizo pública las Observaciones finales sobre el informe inicial del Estado Plurinacional de Bolivia que se trató en una reunión oficial los días 17 y 18 de agosto de 2016 en Ginebra, Suiza.

En su informe CRPD/C/BOL/CO/ Naciones Unidas recomienda al gobierno de Bolivia establecer un proceso de investigación por los actos de represión policial contra las personas con discapacidad cuando realizaron una marcha y una vigilia en busca de una renta mensual de 500 bolivianos hasta antes del 16 de julio de 2016.

"El Comité insta al Estado parte a que establezca un proceso de investigación imparcial e independiente para determinar las responsabilidades en los actos de represión y el uso de la violencia en el contexto de las manifestaciones sociales de personas con discapacidad con miras a enjuiciar a los responsables así como la reparación física y psicosocial de quienes resultaron afectados", indica el documento conocido el 2 de septiembre.

Otro de los pedidos más destacados que hace la ONU al Gobierno de Bolivia señala: "Al Comité le preocupa que el apoyo económico es insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y para cubrir los costos adicionales de la discapacidad (...) para sufragar los costos incrementados de vida por causa de la discapacidad mediante, entre otros, una revisión de los apoyos sociales, tal como la renta solidaria, particularmente a aquellas que viven en condiciones de pobreza o se encuentran desempleadas o sin ingresos fijos, viven en las áreas rurales y remotas, comunidades indígenas, mujeres y personas mayores con discapacidad, con el propósito de ampliar la cobertura a todas las personas con discapacidad."

"(...) Lamenta que funcionarios públicos se expresen de manera denigrante e irrespetuosa de las personas con discapacidad (...) ponga en marcha programas de concientización acerca de los derechos de las personas con discapacidad, dirigidos a los que diseñan las políticas y demás funcionarios y servidores públicos, personal de seguridad, de justicia y la sociedad boliviana en general, y que fomente el pleno respeto de la dignidad de las personas con discapacidad."

"Preocupa al Comité la independencia de la Defensoría del Pueblo como instancia responsable del monitoreo independiente del cumplimiento de la Convención, particularmente su presupuesto incierto e insuficiente."

"El escaso apoyo que se brinda a deportistas con discapacidad, en particular, los deportistas de alto rendimiento y sus escasas oportunidades para asistir a competiciones de carácter internacional."

En el documento de 12 páginas, en los que se redacta 82 puntos, el 3 y 4 constituyen los aspectos positivos del informe, y del 5 al 81 son las principales áreas de preocupación y recomendaciones que hace el comité, pidiendo al Estado boliviano difunda ampliamente estas observaciones finales entre las autoridades de Gobierno, profesionales pertinentes como médicos y abogados, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y las que representan a las personas con discapacidad; e insta a que dichas recomendaciones deberán ser aplicadas en un plazo de 12 meses.

En otro acápite, no menos importantes es el último punto. Durante la reunión en Ginebra las autoridades aseguraron que cinco atletas bolivianos irían a los paralímpicos en Rio de Janeiro 2016, sin embargo en la página oficial de estos juegos olímpicos para las personas con discapacidad, no está registrada Bolivia, y según una nota de página siete, Bolivia no participará por que no existe un comité organizado.

Entre otras de las preocupaciones y recomendaciones:

Que se revise toda la legislación boliviana porque no se reconoce a las personas con discapacidad como titulares plenos de sus derechos, si no como necesitados de protección.

Que los criterios para la certificación de las personas con discapacidad no son los adecuados y deberían ser más accesibles.

Recomienda también que suministre la asistencia necesaria para aquellas familias de niños con discapacidad.

Que se apliquen ajustes para asegurar la accesibilidad a instalaciones, a la información y comunicación.

Que se creen programas de capacitación continua acerca de los derechos de las personas con discapacidad dirigidos a personal judicial, policía, personal penitenciario y otros operadores de justicia.

Preocupa que la lengua de señas boliviana no esté reconocida como lengua oficial del Estado parte.
Preocupa que no existan diferentes protocolos para la ejecución de las recomendaciones.

Preocupa preocupan los bajos niveles de matriculación y altos porcentajes de deserción escolar de personas con discapacidad.

Preocupa la persistencia de la discriminación hacia personas con discapacidad al negarles parcial o totalmente los servicios y tratamientos médicos y el incumplimiento de la cobertura universal en salud, como prevista en la Ley 475 .

Insta a que Bolivia sea parte del Tratado de Marrakech que habla sobre la accesibilidad de las personas ciegas a texto impreso

El informe final de la ONU se elaboró tras la sesión especial del 17 y 18 de agosto donde asistieron de parte del Gobierno la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante la ONU Nardy Suxo; de parte de los discapacitados asistió a la audiencia Rose Mary Guarita, quien presentó un informe para denunciar la excesiva violencia y discriminación que sufrieron durante su manifestación.

La Ministra de Justicia declaró que Bolivia recibió felicitaciones por su avances con las personas con discapacidad.

La movilización de las apersonas con discapacidad fue declinado y el último grupo abandonó el lugar de la vigilia la primera semana de agosto.

Fuente: Periodista Virtual