El caso del asesinato de los periodista alteños Verónica y Victor Hugo Peñasco corre el riergo de quedar impune. La audiencia final está convocada para este jueves 17, según la versión de la Federación de Trabajadores de la Prensa de El Alto (FTPEA). El 30 de noviembre comenzó la etapa de juicio oral en el Tribunal 5to. de Sentencia de El Alto.

El doble asesinato ocurrió hace tres años y 10 meses, la investigación tropezó con muchas irregularidades, más de 10 fiscales atendieron el caso y varios de ellos fueron destituidos acusados de corrupción por el propio Fiscal General.

Una carta firmada por Lucas Yujra, secretario ejecutivo de la Federación y todo el comité ejecutivo, reclaman "ante sucesivas, y sospechosas, retardaciones y negligencias" en un juicio que ingresó en su etapa final de sentencia. La Federación convocó, además, a las federaciones departamentales de periodistas y a la Confederación Nacional, a pronunciarse y tomar medidas ante el riesgo de impunidad y anunció movilizaciones.

La nota detalla que "el investigador policial asignado al caso, Braulio Quequesana, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen El Alto y del Ministerio de Gobierno, incurrió en sorpresiva "amnesia" en recientes audiencias en el Tribunal 5to de Sentencia pese a sus informes de fechas 25 de febrero, 13 de abril, y 22 y 30 de mayo de 2012, sobre triangulación de llamadas telefónicas o los de 5 y 24 de septiembre de 2012, sobre la participación del investigado Napoleón Vargas".

Añade que el abogado Daniel Mollo, dependiente del Ministerio de Justicia, que representa a Mariano Peñasco, padre de los periodistas asesinados, tiene recargadas labores que impiden atender este delicado caso. Los abogados de los detenidos consiguieron la libertad de tres detenidos (Félix Yupanqui, Juan Monroy, Manuel Callisaya) pese a evidencias e informes periciales como llamadas telefónicas de esos imputados y acusados, ahora liberados, por decisión fiscal y judicial, señala la Federación.

"La decena de fiscales que dirigieron el proceso MPEA 1081/2012 como, Santos Valencia, Eva Mujica (que dictó la Resolución 04/2014 de sobreseimiento de cuatro investigados), Edgar Alarcón, Patricia Santos y otros, incurrieron en negligencias como parcializarse con los imputados; mostraron falta de transparencia y desinterés en la investigación y consolidaron el sobreseimiento de un investigado y la libertad de otros tres", se lee en la nota.

Los jueces de instrucción (como Milenka Gutiérrez) determinaron la libertad de tres de los investigados pese a demostrarse su participación en este asesinato, pues mantuvieron contacto telefónico, antes y después del doble asesinato, como señala la Resolución de la Fiscal de Distrito Patricia Santos, de fecha 9 de marzo de 2015, agrega la carta, que esos organismos del Estado (Gobierno, Fiscalías y Juzgados) aparentemente, promueven impunidad pues "parece que en Bolivia es fácil matar periodistas".