TIERRA NOTICIAS. Una demanda penal fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra el alcalde de Tapacari, Severino Vargas, el presidente de su Concejo Municipal, Ignacio Mendoza, y la funcionaria edilicia, Eugenia Romero, militantes del Movimiento al Socialismos (MAS), por haber golpeado a la concejal de esa región, Erinia Villca Nina, el 5 de mayo, informó el miércoles la hija de la víctima, Julia Choque.

"Hemos presentado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Ya está firmado por el fiscal", dijo en una conferencia de prensa.

Según Choque, la concejal fue agredida cerca de la medianoche del 5 de mayo, pero la denuncia se hizo recién porque su familia estuvo más preocupada por su recuperación de las lesiones que tuvo producto de esa golpiza.

Detalló que la representante edilicia fue atacada por los denunciados, que quedaron en estado de ebriedad, luego de que ingirieron bebidas alcohólicas, mientras retornaban en vehículos a su región e hicieron una parada cerca del lecho de un río, luego de participar en un evento deportivo realizado en el municipio de Sicaya.

Explicó que el Alcalde de Tapacarí fue el incitador de la golpiza e incluso de un presunto intento de violación, mientras que Mendoza y Romero fueron los principales autores materiales de ese hecho.

"Le han pisado y pateado en el pecho. Le han jalado de los cabellos y golpearon su cabeza contra el suelo. Tiene costillas fracturadas", explicó.

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Por su parte el presidente del Concejo de Tapacarí, Ignacio Mendoza, negó todas las denuncias y aseguró que la pelea "fue entre mujeres", aunque admitió que estaba bajo efectos del alcohol.

"Es falso, en ningún momento he golpeado a la concejal, que no calumnie", dijo.

Explicó que esa noche la pelea fue entre Villca y una funcionaria y que él solo se limitó a separarlas.

Por su parte, el esposo de la víctima, Severino Choque, dijo que la concejala - en su región - fue agredida por diferencias políticas que tuvo con sus agresores y porque no quiso beber con ellos el día del hecho.

"Por una venganza han hecho todo esto", subrayó.

El cónyuge de la concejala dijo, además, que ella fue dada de alta del hospital en que estaba internada, pero sostuvo que no pueden sacarla porque tiene una deuda de 5.625 bolivianos.

La activista del colectivo 'Ni una menos', Ana María de la Fuente, dijo, por su lado, que la agrupación social 'Voces libres' apoyará a la víctima en el trámite de la demanda penal de ese caso.

"Nosotros hemos habilitado, además, la cuenta 100001720381 en el Banco Unión para colectar el dinero que precisa la concejala para pagar por su atención médica", concluyó.

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