El Ministerio Público logró la máxima pena de 30 años privación de libertad en la cárcel de San Pedro para Domingo Alipaz Choque, autor del feminicidio de su esposa Fidelia Mendoza Quispe, a la cual victimó el 16 de noviembre de 2013 en una vivienda de la zona Los Andes de la ciudad de El Alto.

"El Ministerio Público en representación y defensa de la sociedad solicitó la pena máxima, tras una investigación minuciosa en la que se colectaron los suficientes indicios que sustentaron la teoría fáctica de la comisión del delito", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

En la audiencia de juicio oral, la fiscal asignada al caso, Guadalupe Dávila, detalló que el violento hecho se registró cuando la víctima llegó en estado de ebriedad al domicilio donde habitaba con el acusado, quien la agredió físicamente, para luego dispararle con un arma de fuego de fabricación casera y golpearla en la cabeza con un combo, lo que le ocasionó la muerte por traumatismo facial y craneal abierto.

"Posteriormente, el acusado desechó el combo utilizado y el casquillo del proyectil disparado en un basural de la zona Los Andes próximo al lugar de los hechos, a fin de ocultar los indicios que lo inculpaban", agregó la fiscal del caso.

Asimismo, la fiscal indicó que en la audiencia de Inspección Técnica Ocular, el acusado reconoció haber quitado la vida de la víctima, debido a que la misma habría llegado a altas horas de la noche y en estado de ebriedad.

De acuerdo a la fiscal del caso, el delito se adecua al tipo penal de feminicidio establecido en el artículo 252 del Código Penal, el cual refiere que "se sancionará con la pena de presidio de treinta 30 años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: que el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima; haya estado ligado a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia".

Ante lo expuesto, la fiscal Dávila solicitó a la autoridad jurisdiccional la aplicación de la máxima pena, enmarcado en la labor del Ministerio Público de defensa de la sociedad y persecución de los delitos.