El Ministerio Público logró el jueves la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro del cooperativista minero, Ángel Aparaya, por la presunta comisión del asesinato del extinto Viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, además de los delitos de robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado.

"El Ministerio Público colectó los suficientes indicios que cursan en el cuaderno de investigación, tales como: informes, declaraciones testificales, actas de allanamiento, requisas y secuestros, al igual que los registros al lugar del hecho que evidencian la participación activa del imputado en la comisión de los delitos que se investiga", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales detalló que Aparaya fue identificado en la localidad de Panduro el pasado 25 de agosto, cuando se registró el secuestro del Viceministro y su posterior asesinato a manos de una turba de cooperativistas mineros.

Según los indicios colectados en el cuaderno de investigación, tras conocer de la muerte de su primo, Rubén Aparaya, en el conflicto minero, el imputado se dirigió al cerro Pucara donde estaba secuestrado el Viceministro, para golpearlo hasta causarle la muerte.

En cuanto al delito de robo agravado, la comisión de fiscales estableció que el imputado junto a otros cooperativistas ingresaron violentamente en el vehículo del Viceministro para sustraer objetos personales, entre ellos: una mochila y el arma de reglamento del escolta de la extinta autoridad.

Respecto al delito de tenencia y porte o portación ilícita, el Ministerio Público determinó que Aparaya promovió actos de vandalismo con el uso de explosivos a fin de causar daños físicos a los efectivos policiales, por lo que también se enmarca el delito de atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado.

"La Fiscalía cuenta con suficientes elementos de convicción para establecer la probabilidad de autoría, por lo que se solicitó a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva del imputado, toda vez que concurren los riesgos procesales de fuga y obstaculización", apuntó el Fiscal Departamental.

De acuerdo con lo expuesto por la comisión de fiscales en la audiencia cautelar, el imputado no presentó documentación idónea que demuestre tener familia constituida, domicilio o residencia habitual en el país, en consecuencia es previsible que pueda abandonar el país o permanecer oculto como lo hizo hasta la fecha para evadir la acción de justicia.

Asimismo, se evidenció que es un peligro efectivo para la sociedad y los familiares de la víctima por su accionar durante el conflicto minero, además que puede modificar, destruir y ocultar pruebas.

También se presume que el imputado influya en sus familiares, bases, pobladores, y autoridades de Viloco para que se comporten de forma reticente o que declaren falsamente.