TIERRA NOTICIAS. El sacerdote nicaragüense, Óscar Danilo Benavides Dávila, crítico al régimen de Daniel Ortega, ha sido sentenciado a diez años de prisión, por la jueza orteguista, Nancy Aguirre Gudiel, encargada del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de la capital, Managua.

El scerdote fue condenado por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, en una audiencia realizada el martes 24 de enero de 2023, Benavidez es el primer sacerdote condenado bajo la figura de conspiración y ciberdelitos, ambos creados por Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta, para encarcelar a opositores y a todos los que opinen en contra.

Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo del municipio de Mulukukú en la Región Autónoma de la Caribe Norte de Nicaragua, también fue sentenciado a pagar una multa de 49,917 córdobas. El juicio que debía ser público y abierto, se desarrolló a puertas cerradas, la jurista ni siquiera permitió la presencia de un familiar del sacerdote.

El 16 de enero pasado, tras ser declarado culpable, la Fiscalía había solicitado cinco años de cárcel por el supuesto delito de conspiración y tres por propagación de noticias falsas. Es decir, ocho años, pero la jueza Aguirre Gudiel decidió establecer un total de 10 años de encierro sin ningún argumento legal. Benavidez ya forma parte de los 245 presos políticos de Ortega.

El religioso fue detenido el 14 de agosto del año pasado tras salir de la Capilla Inmaculada Concepción de Mulukukú, donde llegó a oficiar una misa. El arresto del sacerdote Benavidez ocurrió en medio de la ola de represión y detenciones para silenciar al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien también enfrenta acusación penal y está a espera de juicio.

El sacerdote Benavides fue procesado y sentenciado por delitos, que según especialistas en derecho, han sido instrumentalizados por la justicia orteguista para castigar a opositores y líderes cívicos, políticos, y curas en juicios arbitrarios. Otros seis religiosos y un laico también fueron declarados culpables y condenados por los mismos delitos este viernes.

En un reporte publicado por el medio local Mosaico CSI aseguran que en la acusación contra el padre Benavides, la Fiscalía lo señala de desplegar “una campaña desestabilizadora, mediante una completa red de enlaces establecida en radiodifusoras locales”, que están al servicio del obispo Rolando Álvarez- convertido en preso político y en arresto domiciliario hace más de cuatro meses.

El Ministerio Público califica a Álvarez como “cabecilla de acciones ilícitas”- sin determinar cuáles-, que utiliza para manipular la información y generar noticias falsas, “incitando al odio para activar el accionar de grupos delincuenciales con miras a alterar y romper el orden constitucional”.

El sacerdote Benavides supuestamente recibía y ejecutaba “las instrucciones” de monseñor Álvarez para “redimensionar un supuesto malestar social que ellos mismos crean, enmascarándose en temas sensibles como ayuda social, caridad, promoción de fe, evangelización…” Para esto, el padre utilizaba YouTube y programas radiales, a través de los que “incitaba al odio contra el Gobierno”.

Denunciar el secuestro de monseñor Álvarez y sus acompañantes en la Curia Episcopal de Matagalpa, en agosto pasado, como un acto de asedio policial contra la Iglesia católica por parte del padre Benavides, fue una “forma de distorsionar la verdad de los hechos, buscando a toda costa descalificar a nuestras autoridades policiales”, se lee en el texto judicial, reseñado por Mosaico CSI.

La Fiscalía también asegura que el padre Benavides, desde el púlpito de la parroquia Espíritu Santo, presuntamente “ha incitado a la población de la comunidad, de su área de influencia, a la violencia, a la desobediencia, lo que genera descontento e inconformidad en la población que quiere la paz y la tranquilidad”. También lo culpan de exaltar las sanciones de Estados Unidos contra el régimen orteguista por violación a los derechos humanos y corrupción.

La Fiscalía aseguró que una “prueba” de la “manipulación y desinformación”, por parte del padre Benavides fue el ataque de la Policía a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, el 1 de agosto. Sin embargo, la justicia orteguista no explica cuál es la relación de los hechos con el rol del padre imputado, pero si aseguran que forman “parte del plan de desestabilización del país…bajo el supuesto activismo religioso”.

En esa ocasión, la Policía violentó el templo católico para confiscar los equipos de la radio católica de Sébaco, que horas antes el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) acababa de cerrar junto a otras nueve emisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa. El padre, ahora en el exilio, Uriel Vallejos, denunció en sus redes sociales el allanamiento policial y la feligresía se volcó en respaldo del sacerdote, pero fueron reprimidos por los antimotines y él estuvo sitiado por tres días en la casa cural

La versión de la Fiscalía es que las personas “obstruyeron las funciones propias de la Policía…”, que estaban “dando aseguramiento a la notificación formal” de trabajadores de Telcor.

El juicio contra el sacerdote Benavides se realizó en menos de ocho horas este lunes 16 de enero en el Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicios de Managua. Se desconoce si el padre será trasladado a otro penal, ya que actualmente permanece en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.

Como parte de las pruebas, según el medio Mosaico, la Fiscalía señaló cuatro videos que tenía el padre en su teléfono y estaban relacionados con actos de persecución religiosa. Asimismo, aseguran que el sacerdote, durante una misa en la Iglesia en Mulukukú, “exhortó a la feligresía a “…que nadie se preste al juego… los ataques a la iglesia católica son parte de la estrategia represiva de la dictadura Ortega y Murillo”. Pero no se conocen mayores detalles de la audiencia de juicio por el hermetismo impuesto por el Poder Judicial.

Se desconoce el estado de salud física y psicológica del sacerdote Benavides, capturado dos horas después de su última misa dominical el 14 de agosto de 2022, oficiada en la capilla Inmaculada Concepción.

Benavidez es uno de los diez sacerdotes acusados en Nicaragua, incluyendo al obispo Rolando José Álvarez Lagos, sustraído por agentes policiales 19 de agosto pasado junto a otros cuatro sacerdotes del palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa después de haber estado 15 días confinados.

Álvarez, de 56 años y quien se encuentra bajo "resguardo domiciliar" en Managua, según la Policía Nacional, enfrentará el juicio el 28 de marzo próximo.

El dictdor Ortega tildó de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

La cifra de personas consideradas presas políticas en Nicaragua aumentó a 245 hasta enero pasado, 30 de ellas mujeres, según un informe divulgado este sábado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De ese total, 10 se encuentran encarcelados previo a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y los otros 235 después de la revuelta popular, indicó ese Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de opositores presos y excarcelados, y abogados defensores de "presas políticas".

En enero pasado, 10 personas más fueron encarceladas, con lo que la cifra subió a 245, según el informe.

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