A mediados de la década de 1970, se inició un proceso de negociación entre Bolivia y Chile con el objeto de otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Este proceso se inició el 8 de febrero de 1975 con la firma de una Declaración Conjunta, en la localidad boliviana fronteriza de Charaña, entre los dictadores de Bolivia Gral. Hugo Banzer y de Chile Gral. Augusto Pinochet. Este acuerdo obliga a ambos Estados a: "buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno".

Para cumplir este propósito, ambos países acordaron la reanudación de relaciones diplomáticas. Chile propuso a Bolivia el 19 de diciembre de 1975 la cesión de una costa marítima soberana, ubicada entre el casco norte de la ciudad de Arica hasta la Línea de la Concordia, unida al territorio boliviano por una franja territorial, igualmente soberana.

Sin embargo, contrariando sus compromisos previos, Chile introdujo nuevas condiciones, entre ellas el canje de territorios. Paralelamente, de conformidad con el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929, Chile consultó al Perú sobre la cesión a Bolivia de la señalada franja territorial y marítima. El 19 de noviembre de 1976 Perú manifestó que aceptaba la cesión a Bolivia de un corredor soberano por el norte de la provincia de Arica, a condición de que el área territorial adyacente a la costa de dicho corredor estuviera sujeto a un régimen de soberanía compartida entre los tres países.

Sin embargo, Chile rechazó dicha propuesta y rehusó gestionar la aceptación del Perú al acuerdo boliviano-chileno. Esta postura, sumada a la condición del canje territorial, provocó el estancamiento de la negociación pese a los esfuerzos de Bolivia por proseguir con la misma. Ante esa situación, en marzo de 1978, Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas y actualmente es uno de los argumentos altiplánicos que complican la posición chilena en el juicio internacional de La Haya, porque indican una clara determinación de llegar a un acuerdo pasado el año 1948 desde el cual la Corte sí tiene jurisprudencia.

Por Leo Robles, Libro del Mar, portal El Ciudadano.