TIERRA NOTICIAS. Tras la denuncia de corrupción en contrataciones, realizada por la diputada de los Demócratas, Rose Marie Sandoval, la semana pasada, el Ministerio de Gobierno instruyó la intervención administrativa, de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), según consigna un comunicado de esta cartera del Estado.

En conferencia de prensa en los pasados días, Sandoval, aseveró que la UELICN favoreció a un “clan familiar” con contrataciones que sumarían 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Diablos Rojos.

Según la diputada, la UELICN entre 2013 y 2018 hizo contrataciones a una empresa con un determinado dueño, pero también la Unidad hizo compras a otra firma cuyas propietarias son hijas de dicho sujeto y, además, alquila el hangar que está a nombre de su esposa.  

En el mencionado comunicado, el Ministerio de Gobierno, también instruyó realizar una auditoría especial en la UELICN, iniciar procesos administrativos y penales que corresponda, destituir a los funcionarios involucrados, dejar sin efecto contrataciones de 2019.

Asimismo, se determinó crear una comisión jurídica y administrativa para que asume la dirección de la UELICN, hasta que la denuncia se esclarezca.

Dicha Unidad es la encargada administrar y dotar recursos logísticos, técnicos y operativos a los organismos de lucha contra el narcotráfico.

Posición de la empresa denunciada

Antes de conocerse de la intervención, el gerente y representante legal de la empresa “Horizontal de Aviación Bolivia” S.R.L, Nilo Honor Valencia, negó la existencia de irregularidades en los contratos de mantenimiento y reparación de las aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráfico.

Lamentó las denuncias de la diputada Sandoval sobre el proceso de contratación y dijo desconocer cuál es la finalidad de la denuncia, más allá de las facultades de fiscalización que tienen los asambleístas nacionales. 

Dijo haber cumplido con todos los términos de referencia que permitieron brindar un servicio a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) dependiente del Ministerio de Gobierno, en consecuencia – añadió – la denuncia no tiene sustento ante la sociedad pero sí afecta y mella la dignidad de su familia. 

Aseguró estar dispuesto a asumir su defensa y demostrar que nunca cometió ninguna falta y menos un delito. Admitió que lo que sí es evidente es que es un empresario de nacionalidad peruana y en esa función ha brindado servicios de calidad al Estado boliviano. 

“La legalidad de la empresa y su funcionamiento es sencillamente verificable, ya que se cumplieron con todos los requisitos para su funcionamiento y por esta razón pudo participar en licitaciones, las mismas que previo cumplimiento de las normas fueron ganadas y como consecuencia de ello existió una relación con el Estado, la cual al presente no existe, ya que no tengo firmado ningún contrato con el Estado que se encuentre vigente”, precisó.