TIERRA NOTICIAS. Este 1 de mayo, Bolivia conmemora el Día Internacional del Trabajador en medio de una grave crisis económica. El país enfrenta la inflación más alta de los últimos diez años, un crecimiento sostenido del empleo informal, escasez de dólares, una devaluación acelerada del peso Boliviano y una desaceleración que ha puesto en entredicho la sostenibilidad del modelo económico del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), desde el 2006.

Mientras el presidente Luis Arce se apresta en Tarija a marchar y junto a su aliada politica, la Central Obrera Boliviana (COB), para destacar la lucha histórica de la clase trabajadora, la realidad económico de este 1 de mayo es visible, es de devastación. El discurso de una “economía blindada” promocionada por el gobierno del MAS, hoy se descubre como el engaño del siglo frente la realidad que golpea el bolsillo de miles de trabajadores bolivianos.

Uno de los indicadores más preocupantes es la informalidad laboral, que ha seguido una tendencia ascendente en las últimas dos décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2006 el 62,4% de los empleos eran informales. Para 2023, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó esa cifra en un alarmante 80,8%, la más alta de toda América Latina. A modo de comparación, el promedio regional es del 48%.

La situación es aún más crítica entre las mujeres, el 83% de ellas trabaja en la informalidad, frente al 78% de los hombres. Esto implica que la mayoría de los trabajadores en Bolivia carece de beneficios laborales como seguro de salud, estabilidad o jubilación, y que dependen de ingresos precarios y muchas veces inestables.

En un año electoral, este 1 de mayo es un recordatorio de los desafíos pendientes que arrastran los viejos políticos aspirantes a gobernantes: garantizar empleo digno, reducir la informalidad y frenar la inflación.

En este contexto, la obsesión anual del incremento salarial por parte del Gobierno, en complicidad con la dirigencia autoprorrogada de la COB, vuelve a estar bajo la lupa. Para este 2025, el presidente Luis Arce dispuso un aumento del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico. No obstante, voces expertas advierten que este tipo de medidas, lejos de beneficiar al trabajador, pueden agudizar los problemas económicos y coadyuvar a la pirámide inflacionaria.

El economista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explica que esta política salarial no siempre ha estado alineada con el crecimiento económico ni con la inflación. Recuerda que en 2008, el incremento salarial fue del 9,9%, mientras la inflación anual fue del 11,85% y el crecimiento del 6,1%. Aunque los años siguientes la inflación fue más moderada, en 2024 ha vuelto a repuntar hasta alcanzar un 9,97% acumulado, lo que convierte a este año en el más inflacionario desde hace una década.

“A pesar de los incrementos salariales, se ha visto que el poder adquisitivo real se ha reducido. Esto quiere decir que, aunque se tenga más dinero en mano, este vale menos, y eso no es positivo para la economía”, aseveró Romero, según consigna El País de Tarija.

Frente a las críticas, el dirigente autoprorrogado de la COB, Juan Carlos Huarachi, defendió los aumentos salariales acordados con el Gobierno. Durante una conferencia de prensa realizada en Tarija, donde este jueves se llevará a cabo la tradicional marcha por el 1 de mayo, aseguró que el sector privado debe retribuir a los trabajadores los beneficios recibidos gracias a medidas impulsadas desde el sector sindical.

"Muchas de las medidas que se ha otorgado al sector privado tiene que retribuir también en un incremento salarial a los trabajadores, porque quienes hacen el trabajo de los diferentes centros de producción son los trabajadores, son los obreros", dijo.

Huarachi mencionó como ejemplos de estas iniciativas la ley de lucha contra el contrabando, la promoción del consumo de productos nacionales y la billetera móvil estatal. Aseguró que la COB no solo exige aumentos, sino que también propone políticas públicas en favor de la economía.

Desde el sector empresarial el anuncio fue calificado como una decisión irresponsable y electoralista. Representantes del empresariado advirtieron que el aumento salarial -especialmente en un contexto de crisis- podría generar mayor inflación, cierre de pequeñas y medianas empresas y pérdida de empleos.

Además, se ha cuestionado la efectividad de esta medida, considerando que solo el 20% de los trabajadores bolivianos accede a los beneficios del incremento salarial, mientras el resto, sumido en la informalidad, queda al margen. A esto, Huarachi respondió que el efecto es indirecto, ya que el incremento pone más dinero en circulación.

“Vamos a tener un poquito más para poder gastar”, afirmó.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señaló que la Central Obrera Boliviana y otras entidades que representan a los trabajadores del país, deben reorientar su lucha para garantizar la estabilidad laboral, derechos de los trabajadores, que tengan empleos dignos y de calidad.

“No se puede festejar un incremento salarial que todos saben, que es más simbólico, es algo coyuntural y si hacemos un poco de números, cuando veamos la inflación interanual de mayo del 2024 al 2025 vamos a ver que con la cifras del Gobierno se habrá perdido un 25% del poder adquisitivo”, expuso.

Romero aseguró que el incremento salarial beneficia apenas a un 20% de la fuerza laboral del país lo que ronda entre 1 a 1,5 millones de trabajadores, cuando el restant 80% de los trabajadores engrosan el sector informal, sin un salario, sin seguro de salud, aguinaldo y sin vacaciones.

Tierra Plus/rc

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