TIERRA NOTICIAS. La Fiscalía de Argentina formalizó hoy (16.07.2021), la investigación en contra del expresidente Mauricio Macri y otros seis exfuncionarios de su gobierno, por el presunto contrabando de material antimotín a Bolivia, en noviembre del 2019.

Tras la denuncia del gobierno de Alberto Fernández, el fiscal Claudio Navas Rial incluyó en la lista de imputados a Macri, a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al exministro de Defensa, Oscar Aguad y también, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.

En la nómina de imputados también está el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde, según consigna el portal del diario La Nación. El caso será analizado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.

El fiscalía Navas apertura este caso después de que el gobierno de Alberto Fernández presentó la denuncia contra Macri y otras exautoridades por una gran cantidad de delitos, entre ellas, malversación de recursos públicos, abuso de autoridad, "delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal".

El fiscal descartó todas esas tipificaciones penales y circunscribió su imputación sólo a los delitos de orden aduanero. Por otro lado, no incluyó a varias exautoridades del anterior gobierno, como al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Este caso tiene origen en una carta que fue presentada por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta el jueves 8 de julio. En esta nota del 13 de noviembre del 2019, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros, agradece la dotación de material antimotín al entonces embajador de Argentina, Normando Álvarez.

Según esa carta, el envío de material antidisturbios durante los conflictos suscitados en noviembre de 2019 en Bolivia, consiste en 40.000 cartuchos AT 12/70 (balines de goma) y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18 unidades en spray MK-9, cinco unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS Y HC.

Esta carta fue publicada por el gobierno de Luis Arce Catacora, justo en el los días que los bolivianos se informaban sorprendidos sobre las amenazas de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, de sus intenciones de enviar a 15 mil de sus seguidores para "quemar" la ciudad de La Paz en la jornada del 11 de noviembre de 2019.

Estos hechos fueron revelados por el general Terceros ante la Fiscalía de Bolivia y corroborados por Evo Morales y García Linera. El gobierno boliviano intentó desacreditar la versión del excomandante de las Fuerza Aérea Boliviano publicando la carta. La Fiscalía de Bolivia aperturó una investigación sobre la carta, pero no actuó con esa misma diligencia por los delitos cometidos por Evo Morales y García Linera.

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