TIERRA NOTICIAS. Este fin de semana, el gobierno del presidente de Nayib Bukele, tomó control del Poder Judicial y la Fiscalía General de El Salvador, cuando la Asamblea Legislativa unicameral de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara.

“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante, señala el comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

La acción denominada “limpieza de casa”, encendió las alarmas sobre los intentos de Bukele de concentrar el poder, imitando el ejemplo de gobierno autoritarios. “Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Suecy Callejas, fue quien pidió el cambio y la iniciativa fue admitida para su votación con dispensación de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo.

“Los partidos que votaron preliminarmente para admitir la iniciativa son los de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN)”, señala un reporte de DW. Esta es la primera acción tomada por la nueva Asamblea Legislativa a solo horas de haber tomado posesión.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de Covid-19.

En agosto de 2020, Bukele dijo: Yo “¿Dictador?. Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco (magistrados), pero no soy un dictador”, aseveró el mandatario salvadoreño en una cadena nacional de medios de comunicación, en referencia a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional.

Al respecto, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar "concentrar el poder", después de que la Asamblea Legislativa admitiera esa iniciativa.

"En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional", publicó Vivanco en Twitter y añadió que "Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos".

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.

Este domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó la “grave preocupación” de su país por la destitución de magistrados “y señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.

El Gobierno de Costa Rica expresó hoy su preocupación. “Costa Rica, fiel a su tradición de respeto de las instituciones democráticas, sigue con mucha atención los acontecimientos en El Salvador, y expresa su preocupación por los hechos registrados en las últimas horas”, señala el comunicó la Cancillería de la República.

Hoy, minutos después de la destitución, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa.

Los magistrados señalaron que la medida "viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista" establecido en el artículo 85 de la Constitución.

"Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala", señalaron los magistrados en un fallo dado a conocer poco tiempo después de que se votó por su destitución.

Señalaron que la labor de control es necesario "para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia" y "para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución".Añadieron que "es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla".

El nuevo Poder Legislativo de El Salvador casi a la medianoche presentó también otra propuesta para destituir al fiscal general, Raúl Melara, por supuestamente tener vínculos con un partido opositor.

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