TIERRA NOTICIAS. Expertos internacionales, diplomáticos de carrera y cívicos establece con claridad los graves errores cometidos por Evo Morales y su gobierno al ocasionar la demanda interpuesta por Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas de los manantiales del Silala, del departamento de Potosí.

La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Roxana Grass, afirma que "Cualquier cosa que sea contraproducente a Potosí es exclusivamente responsabilidad del gobierno de Evo Morales y del masismo, (por)que no han ido a defender lo que en derecho corresponde".

"Esas aguas son manantiales, La Haya no tiene competencia porque esto no es un pelea, una controversia de Estado a Estado, sino, era directamente del gobierno departamental potosino a un empresa privada que ha estado lucrando con nuestras aguas y lo han vendido", aseveró Grass.

"De ser negativo el fallo de la CIJ de La Haya en contra de Bolivia, el único responsable será Evo Morales Ayma, en su condición de expresidente de Bolivia, que aceptó la demanda. De ser así, será declarado traidor a la Patria y será sometido a juicio de responsabilidades", señala COMCIPO en un comunicado.

Por su lado, el abogado internacionalista, Álvaro del Pozo, establece que Evo Morales Ayma es quien provocó a Chile para que inicié un juicio en la Corte de La Haya. El experto también recuerda que el mismo gobierno de Evo Morales Ayma cometió el grave error de reconocer que las aguas del Silala son de curso internacional.

"Día uno, en aquel 2016, en el que el presidente Morales acusaba a Chile de robar las aguas del Silala y que iba presentar una demanda. Desde ese día a hoy, tendríamos que advertir que Bolivia va tener una derrota en el fallo judicial" en la CIJ.

Además, "en este caso la responsabilidad de haber invocado y provocado un juicio estaba en base a nada, no había un respaldo científico que permita a los bolivianos ir a un Tribunal y exigir ese reconocimiento por el uso de las aguas" del Silala, acotó Del Pozo.

Este jueves 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia pronunciará su sentencia sobre la demanda chilena interpuesta en contra de Bolivia sobre las aguas del manantial del Silala de Potosí. Los graves errores cometidos por el expresidente Evo Morales Ayma y su gobierno anticipan la segunda derrota de Bolivian en la Corte de La Haya, después del fracaso en la demanda marítima boliviana.

En medio del extremo secretismo con el que manejo el tema el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) desde hace seis años, y a partir de las revelaciones realizadas por Chile, el diplomático de Carrera, Gustavo Aliaga, establece que Gobierno del MAS gastó 18 millones de dólares en este juicio perdido.

"El juicio marítimo nos ha costado aproximadamente 23 millones a Bolivia y 25 millones a Chile, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y en el juicio del Silala, el Silala le ha costado 24 millones de dólares a 23 millones, dicho también por Chile y a nosotros (los bolivianos) 18 millones", aseveró Aliaga entrevistado por Unitel.

El año 2016, Chile sorprendió Bolivia al interponer una demanda respecto a la naturaleza jurídica del Silala. En 2018, Bolivia contrademandó a Santiago enfocándose, entre otros detalles, en los canales y el "flujo artificial".

Precisamente, la cuestión del caudal artificial es lo que puede dilucidar la Corte, dado que sobre puntos neurálgicos de la demanda y la contrademanda hay coincidencias o reconocimientos de ambas partes sobre el curso internacional de dichas aguas.

El gobierno de Evo Morales reconoció que el Silala es un curso de agua internacional, lo cual destruyó la posición histórica que había tenido Bolivia hasta ese momento, de que las aguas del Silala eran bolivianos y que fueron desviados de forma artificial.

Por su parte, Chile reconoció la existencia de los canales artificiales construidos en territorio boliviano. Además de expresar que no tienen problema de que Bolivia pueda desmantelar esas construcciones, aunque de manera responsable.

Con todos estos antecedentes de contradicciones, la Corte Internacional de Justicia emitirá este jueves un fallo vinculante que obliga a los gobierno de Bolivia y Chile a cumplir dicha sentencia.

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