TIERRA NOTICIAS. El Juez Noveno de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Roberto Arias Sejas, determinó sentenciar a cuatro años de cárcel para jóvenes implicados en el saqueo de la Central Obrera Regional y otros cinco procesados recibieron la detención domiciliaria.

Por otro lado, esta autoridad judicial también dispuso la libertad, bajo medidas sustitutivas, de las 10 personas acusadas por la quema de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

“La imputación presentada por los representantes del Ministerio Público carente de objetividad, de legalidad y de responsabilidad. No se demostró con ningún indicio cierto, objetivo, real, legal y material de que los cinco imputados que hemos defendido tuvieran algún grado de participación criminal en los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, dejando un solo delito por el cual se apeló que es instigación pública a delinquir”, afirmó el abogado de cinco imputados, Carlos Hugo Vaca.

El pasado viernes, en una jornada totalmente violenta en Santa Cruz se quemó la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, asimismo, se destruyó la COD. Todo comenzó en la mañana cuando grupos pro paro y una marcha contra la medida se enfrentaron.

Por otro lado, el Comité Cívico Pro Santa Cruz no ha considerado aún la opción de suspender el paro indefinido al cabo de 25 jornadas, pese haberse cumplido con la exigencia de liberar a 15 de los 17 detenidos en el marco de las movilizaciones por el Censo 2023.

“No hemos considerado levantar el paro. Después de 72 horas analizaremos cuál será nuestra relación con el Estado boliviano”, aseveró el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, puntualizó que el paro continuará y dejó entrever que solo se levantará si se cumplen todas las demandas.

El pasado domingo, en cabildo organizado por los cívicos de Santa Cruz se determinó dar un plazo de 72 horas al Gobierno para libere a los detenidos por apoyar el paro. También se aprobó que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para garantizar el cumplimiento de los resultados del Censo en el año 2024, entre otros pedidos.

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