La Paz, Bolivia, 02 julio de 2026 (Tierra Plus). La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados expresó este jueves su disconformidad con el informe oral presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, respecto a las acciones desarrolladas por esa institución durante los conflictos sociales y bloqueos que se prolongaron por 53 días en el país.

La petición de informe fue solicitada por la diputada Marlene Miranda, quien cuestionó a Callisaya sobre qué acciones impulsó respecto a las personas heridas y fallecidas; la protección de los derechos humanos; la garantía del debido proceso; las gestiones realizadas para contribuir al desbloqueo; y los procesos administrativos, civiles o penales promovidos.

La legisladora expresó su molestia porque, en su criterio, las respuestas brindadas por el Defensor no fueron suficientes, y le exigió que toda la información expuesta sea respaldada con la documentación correspondiente.

“Lamento mucho que solo haya salido a defender a los bloqueadores y no a la población afectada. Se vivió una pesadilla no solo para la población, sino también para los legisladores, que se vieron amenazados, incluso junto a sus familias”, señaló.

Por su parte, el Defensor del Pueblo aseguró que la institución promovió el monitoreo internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país, mediante el envío de 31 comunicaciones al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

Explicó que, entre el 1 de mayo y el 22 de junio, la Defensoría del Pueblo remitió 17 comunicaciones al Sistema de las Naciones Unidas y 14 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de mantener informados a dichos organismos sobre el desarrollo de los hechos, las acciones institucionales desplegadas y la situación de los derechos humanos en el país.

Callisaya aseguró que, en el marco de la transparencia institucional, está dispuesto a complementar su informe con la documentación requerida por la diputada Miranda y se comprometió a remitir la información que aún se encuentre pendiente.

Según el registro de la Defensoría, durante los conflictos sociales se reportó el arresto de 583 personas, de las cuales 324 fueron posteriormente liberadas.

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