El presidente del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), César Siles y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, negaron el jueves las "acusaciones temerarias" de los abogados Alberto Morales y Jorge Valda, implicado con la fuga del empresario peruano, Martín Belaunde.

En esa línea, refutaron la declaración de Morales que dejó entrever que dos viceministros solicitaron 50.000 dólares y que un policía y un militar pidieron a nombre de un ex Ministro de Gobierno, 500.000 dólares, para desactivar los mecanismos de control para facilitar la fuga de Belaunde.

"Con ingrata sorpresa hemos recibido las temerarias e infundadas acusaciones de estos abogados que levantaron los nombres de varios integrantes del Conare, integrado por los ministerios de Gobierno, de Justicia y Relaciones Exteriores", precisó Siles en conferencia de prensa conjunta.

Rechazó la denuncia de que los integrantes del Conare se hubieran beneficiado con un supuesto soborno de Belaunde, para favorecerlo de alguna manera o evitar su extradición.

Aseguró que las personas que forman parte del Conare están dispuestas a someterse a cualquier investigación.

En esa línea, urgió al Ministerio Público que investigue hasta las últimas consecuencias, los supuestos sobornos que cometió el consorcio de abogados de Valda.

Además, de los malos manejos en el Órgano Judicial para evitar la extradición de Belaunde.

A su juicio, esas acusaciones responden a una venganza por el fallo contundente del Conare, que en dos ocasiones negó refugio político al empresario peruano que guarda detención en una cárcel del Perú por delito de peculado y otros.

"A raíz de ese hecho y la ampliación de la querella criminal por parte del Conare, ahora los ex vocales de la Sala Penal Primera, Ricardo Chumacero y Ramiro López, fueron imputados por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, cohecho activo y pasivo", argumentó.

Por otra parte, el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales aseguró que las denuncias tienen el objetivo de eludir responsabilidades y evitar que se conozca la verdad material de los hechos.

"No solamente observamos algún tipo de venganza ante actitudes contundentes del Conare, sino que esa declaración responde a una estrategia muy bien pensada por el consorcio de abogados de Valda, que pretende enlodar y manchar a la institucionalidad con el objetivo de manchar al Órgano Ejecutivo y responde a generar zozobra en la población", puntualizó.