La Paz, Bolivia, 16 de septiembre de 2026 (Tierra Plus). La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició el tratamiento del Decreto Supremo 5707 para ampliar el plazo de vigencia del estado de excepción dispuesto por el Órgano Ejecutivo el lunes.

Los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa para informar sobre la aplicación del estado de excepción en el país por 90 días, ante anuncios de nuevos bloqueos que afectarían el abastecimiento de la población.

El ministro de Gobierno inició su intervención al señalar que la medida debe continuar para “proteger los derechos de la gente” y evitar que los bloqueos ocasionen luto y dolor a la población, además de perjuicios económicos millonarios.

Advirtió que, si no se aprueba la continuidad del estado de excepción, Bolivia quedará expuesta al peligro de nuevos bloqueos que podrían causar daños irreparables.

La autoridad remarcó que la solicitud se sustenta en 12 informes: ocho de la Policía Boliviana, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y uno del Ministerio de Defensa.

Detalló que estos informes identifican factores de riesgo vigentes, la persistencia de amenazas públicas, anuncios de medidas de presión y limitaciones de las fuerzas del orden ante eventuales conflictos simultáneos, entre otros aspectos.

Oviedo agregó que se mantienen focos de conflictividad en el país, sobre todo en algunos puntos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la intención de reactivar los bloqueos después del 18 de septiembre y afectar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros insumos.

“Con base en las razones expuestas, se demuestra la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la ampliación del estado de excepción”, señaló el ministro Oviedo.

A su turno, el ministro de Defensa inició su participación al señalar que el estado de excepción trajo tranquilidad al país después de más de 50 días de bloqueos, por lo que corresponde evaluar una ampliación de la medida.

Durante su exposición ante los legisladores, Justiniano explicó que los 90 días solicitados por el Gobierno deben ser entendidos como un plazo máximo y no como un periodo que necesariamente deba cumplirse en su totalidad.

“Los bloqueos disminuyeron de manera verificable. La transitabilidad se recuperó. La conflictividad, sin embargo, no desapareció”, resumió la autoridad.

El ministro señaló que la evolución de las circunstancias debe ser considerada durante la vigencia de la medida y sostuvo que corresponde establecer mecanismos concretos para su revisión y eventual desactivación.

Justiniano también reconoció que los informes presentados ante la Asamblea no contienen una demostración matemática que permita establecer que 30 o 60 días serían necesariamente insuficientes, por lo que los legisladores deben evaluar las condiciones bajo las cuales debería aplicarse la ampliación.

Entre los aspectos que requieren precisión y control, mencionó la justificación específica del plazo de 90 días, la individualización de las medidas que continuarían vigentes, los mecanismos de revisión y desactivación, además de la relación jurídica entre el Decreto Supremo 5707 y la autorización legislativa prevista por la Ley 1740.

Como antecedente, la autoridad expuso la reducción de los puntos de bloqueo registrados en la Red Vial Fundamental, de 39 el 20 de junio a 35 ese mismo día, 12 el 22 de junio y cero el 23 de junio.

Sin embargo, aclaró que el Gobierno no puede atribuir esa reducción exclusivamente al estado de excepción, debido a la existencia de otros factores, como el diálogo y decisiones sectoriales.

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