El Fiscal General en Suplencia Legal, Roberto Ramírez, y el Ministro de Educación, Roberto Aguilar, firmaron el martes un convenio de cooperación interinstitucional para la protección y defensa de los Derechos Humanos de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres del Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

"En suplencia del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, estoy honrado en firmar este convenio que va a poder coadyuvar la labor del Ministerio Público y del Ministerio de Educación, toda vez que trabajaremos en una labor preventiva de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad que asisten a los centros educativos", señaló el representante de la Fiscalía.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, lapso en el que se implementará el "Plan estratégico de prevención de los delitos contra la libertad sexual con enfoque de derechos humanos y género".

Según el documento, se conformará un equipo técnico para el seguimiento de casos en los que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o mujeres, cuyos agresores sean miembros de Sistema Educativo Plurinacional.

"Vamos a tener un equipo técnico que trabaje en políticas conjuntas que nos permitan, tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Educación, identificar a posibles víctimas, en el maro de una labor preventiva", destacó Ramírez.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público tiene como labor la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, mediante la acción penal pública.

Por su parte, el Ministro de Educación sostuvo que la violencia sexual contra menores y adolescentes en unidades educativas debe ser enfrentada por ambas instituciones con políticas de prevención y sanción.

"Dentro del sistema educativo se vieron muchos casos de impunidad de estos dolosos hechos, por lo que se tomó la decisión para proteger a la comunidad estudiantil", resaltó.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 15, establece que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional.