TIERRA NOTICIAS. El Gobierno de Luis Arce Catacora promueve constantes avasallamientos a la libertad de prensa y de expresión en Bolivia. En las últimas jornadas la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha recibido el proyecto No 305 que "elimina la vigencia de la Ley de Imprenta y se convierte en una ley candado punitiva y represora de la libre expresión y difusión".

Arce Catacora prepara un tridente legislativo mediante el cual pretende eliminar derechos constitucionales vigentes y derechos humanos consagrados mediante convenciones universales, ha advertido la senadora de Creemos, Centa Rek.

"Dando continuidad al análisis que hemos iniciado de este controvertido proyecto de Ley 305 que dice que da cumplimiento a compromisos internacionales en materia de derechos humanos y es exactamente todo lo contrario, se convierte en un instrumento violatorio" de los derechos humanos, ha manifestado Rek en video difundido en redes sociales.

Mediante el proyecto de ley PL 305-2022-2023, Luis Arce quiere que la Asamblea Legislativa incorpore en el Código Penal el encarcelamiento de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que sean sancionados por por la difusión o incitación al racismo o discriminación, sin ningún derecho a fueron, tal como actualmente consagra la Ley de Imprenta.

El controvertido proyecto de ley de Luis Arce Catacora incorpora el artículo 281 que alude a sanciones drásticas para cualquier persona residente en territorio nacional que presuntamente difundan, incite al racismo o discriminación, por cualquier medio, tales como discursos públicos, grabaciones de audio o video, difundidos en panfletos, redes sociales o medios de comunicación.

"Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial b) promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios", señala textualmente el mencionado artículo.

En el parágrafo II dice, "la sanción será agravada en 1/3 en el mínimo y una mitad en el máximo en inhabilitación de uno a tres años cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, cualquiera sea su rango o jerarquía", señala el proyecto de ley.

El parágrafo III está orientada a eliminar la libertad de prensa, y dice "habrá agravantes también cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno", sostiene el proyecto que ley que vulnera la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado de Bolivia, según la evaluación de Rek.

Para la Legisladora está claro que Luis Arce asumió la misión de eliminar la Ley de Imprenta, eliminar la libertad de prensa, eliminar la libertad de expresión para todos los bolivianos, no solo para los trabajadores de los medios de comunicación.

"Definitivamente podemos llamar a este proyecto de ley, una ley mordaza por excelencia que pretende amordazar a todas las personas, amordazar los medios de comunicación, no permitir ninguna inmunidad. Se elimina la Ley de Imprenta, se elimina la ley del resguardo de la identidad de la persona denunciante o que hace una declaración, porque lógicamente se hará cargo el el medio de comunicación con una condena sino identifica quienes son las personas que son fuente", señala Rek.

Con la aprobación del proyecto de ley PL 305-2022-2023 en el Parlamento, el régimen gubernamental de Luis Arce intenta criminalizar las publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el Gobierno como racistas o discriminatorios, con penas de cárcel que oscilan entre 3 y 7 años. La normativa, calificada como ley mordaza, no solo afecta a periodistas, sino toda la población en general. En ese contexto Rek alerta.

"Aca tenemos una ley totalmente persecutoria. Candado, la podemos llamar mordaza por lo tanto, alertamos a los medios de comunicación a la ciudadanía en su conjunto de la gravedad que reviste este proyecto de ley (305), que pretende silenciar a la sociedad boliviana", afirmó la senadora de Creemos.

En las pasadas semanas, el régimen gubernamental de Arce Catacora, también remitió al Congreso nacional el proyecto de ley Ganancia Ilícitas en el que hace uso y abuso de la figura penal de terrorismos para eliminar "el derechos a la protesta" sociales, lo que ha despertado la susceptibilidad de los dirigentes sindicales, que se ven en peligro, con jueces y fiscales manejados por el Gobierno de Arce.

La semana pasada, la alianza política Comunidad Ciudadana (CC) denuncia que el gobierno de Luis Arce Catacora intenta "implantar su dictadura" a través de la reposición del proyecto de ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, proyecto de ley No 280, que sustituye al proyecto de ley 218.

El diputado de CC, Carlos Alarcón, explicó que ese proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el Movimiento al Socialismo (MAS) con la intención de volver a debatir la denominad "ley maldita", calificativo ganado debido a que tiene el objetivo de "criminalizar" las protestas sociales, según el asambleísta nacional.

"¿Cuál es el problema con esto?. El problema con esto es que, con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país" afirmó Alarcón. "¿Cuáles son estas cuatros figuras penales que quieren implantar la dictadura en Bolivia?. La figura del Terrorismo, Financiamiento al Terrorismo, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Decomiso y Confiscación de Bienes", puntualizó el diputado de CC.

Con la forma cómo el MAS redactó el tipo penal del Terrorismo "se está criminalizando el derecho constitucional a la protesta social", denuncia el Legislador. Y movilizaciones sociales como la de los Maestros Urbanos de Bolivia en contra de la malla curricular, la asignación de más ítems, más presupuesto a Educación podrían ser sancionado con 25 años de cárcel, porque "fiscales y jueces que respondan al MAS".

"Y sí esto se lo hace a través de una acción, que entre otras cosas, restrinja libertades, por ejemplo, restrinja la circulación en las vías públicas, eso ya sería considerado Terrorismo, con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas sin si quiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada", afirmó Alarcón.

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