TIERRA NOTICIAS. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, destituyó hoy (29.03.2021), a Ronny Balderrama del cargo de director General de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), debido a que autorizó 36 vuelos en el aeropuerto de Chimoré, poniendo en peligro la circulación aérea. 

Después de tener los respaldos correspondientes que resguardan "sus derechos laborales del ingeniero Balderrama. Puedo anunciar hoy esta destitución, por la irregular reapertura del Aeropuerto de Chimoré. Desde el momento que nos hemos informado que hubo esta reapertura empezamos a pedir informes a las instancias correspondiente”, aseveró Montaño. 

Con esta reapertura del aeropuerto de Chimoré, se vulneró el Art. 191 de la Ley de Aeronáutica Civil, que se refiere a las sanciones contra quienes pongan en peligro la seguridad de un aeropuerto, o de la circulación aérea por no contar con todos las condiciones técnicas.

Montaño dijo que el aeropuerto no contaba con las condiciones técnicas para las operaciones, pero, aun así, Balderrama autorizó un día los vuelos, presuntamente de una escuela de aeronavegación.

"Tengo aquí en mis manos todas las solicitudes, quién autorizó este acto, las aeronaves que participaron, sí contaban con un plan de vuelo, sí había personal de la FELCN para el control respectivo y sí se contaba con el material antiincendios de acuerdo a lo que la norma exige", aseveró Montaño en conferencia de prensa dada en La Paz.

La autoridad explicó que, además de la destitución, "estamos iniciando los procesos que corresponden, incluido un proceso penal".

Explicó que esas actividades no fueron informadas a las autoridades correspondientes. 

El director de Aasana, Ronny Balderrama, dijo que Edgar Montaño, autorizó la reapertura del Aeropuerto de Chimoré, agregó que desde la Administración se envió un plan de trabajo a la autoridad, comunicándole que el pedido de reponer la pista del trópico "estaba en curso".

El Ministro dijo que Balderrama será procesado en el marco de la Ley 2092 de Aeronáutica Civil, que en el Artículo 191 establece una pena privativa de libertad de uno a seis años para quien realice actos que pongan en peligro la seguridad de un aeropuerto.

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