TIERRA NOTICIAS. Después de varias manifestaciones de rechazo contra la norma, el presidente Luis Arce determinó hoy abrogar el Decreto Supremo 5143 sobre el registro de Derechos Reales con la intervención de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el Ministerio de la Presidencia.

"Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos es que se utilice este tipo de herramientas para fines políticos personales", declaró Arce en conferencia de prensa.

El anunció fue efectuado en Palacio de Gobierno después de un reunión sostenida con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y los dirigentes del Pacto de Unidad del ala 'arcista'. El Mandatario dijo que el objetivo de la norma fue distorsionado y manipulado para “mentir” a la población.

Luego de una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad “arcista”, el Mandatario denunció que el objetivo de la norma fue distorsionado y manipulado para “mentir” a la población.

Por su parte, el Ministro de Justicia manifestó que el Decreto Supremo 5143 únicamente buscaba transparentar y agilizar los trámites en Derechos Reales. Acotó que la norma fue consensuada con los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país, y El Alto.

Lima insistió en que la norma no atentaba contra la propiedad privada, puesto que ese derecho está resguardado por la Constitución Política del Estado (CPE).

El Decreto Supremo 5143 fue emitido el pasado 10 de abril sin ninguna publicidad, y semanas después empezaron a surgir varios cuestionamientos que advertían del peligro de dicha norma para la ciudadanía propietaria de una o más viviendas.

La "intromisión" de la Agetic -dependiente del Ministerio de la Presidencia, una cartera del Poder Ejecutivo "eminentemente político"-, encendió las alarmas de una posible persecución política, la expropiación de bienes y el chantaje mediante un certificación a ser emitida por el Ministerio de Justicia.

Incluso, algunos sindicato, como los gremiales, salieron a protestar a las calles y en un ampliado nacional realizado el lunes en Tarija, dieron 72 horas al Gobierno para abrogar el cuestionado Decreto, que ya fue paralizado por recursos judiciales presentados en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

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