TIERRA NOTICIAS. Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la facción arcista y la evista se unen en la Cámara Alta para aprobar con dispensación de trámite el proyecto de Ley 363/2022-2023 que acorta plazos para la realización de las elecciones judiciales.

Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos rechazaron la aprobación del proyecto de ley. La senadora de CC, Andrea Barrientos, lamentó que el MAS apruebe la norma atropellando procedimiento y abriendo las puertas a impugnaciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"Haciendo uso y abuso de la mayoría a través de una modificación que quita los dos tercios para la modificación del Orden del Día, se ha dispensado el tramite para que este mamarracho de ley, que le deja en bandeja de oro la posibilidad a cualquiera ciudadano de meter otra acción de inconstitucionalidad contra una ley que no sirve de nada", dijo Barrientos.

En sus estaciones en grande y detalle el MAS en la Cámara de Senadores sancionó este jueves la Ley Transitoria para garantizar el proceso de Preselección y Elección para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La norma fija un plazo de hasta 70 días para preseleccionar a los candidatos al Poder Judicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de hasta 120 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios, explicó la senadora arcista, Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Constitución.

"Hemos sostenido reuniones con el TSE para ajustar los tiempos y llevar adelante las elecciones judiciales. Sabemos muy bien que debemos hacer esfuerzos sobrehumanos para poder garantizar el proceso y expandir la información necesaria", dijo Arce. Ahora, la norma pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Tras ese trámite, el Legislativo alista la convocatoria al nuevo proceso de selección de candidatos para los comicios judiciales. De forma posterior, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe diseñar el cronograma de los comicios judiciales para contar con nuevas autoridades electas antes de fin de año con el fin de reemplazar a las actuales, que cumplen su mandato los primeros días de enero de 2024.

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