El pleno de la Cámara de Senadores suspendió el martes la audiencia de juicio oral de responsabilidades en contra del exmagistrado Gualberto Cusi, debido a la falta de un abogado defensor.

"Se ha suspendido la sesión hasta el día jueves con la finalidad de cumplir siempre con la parte formal como también de fondo en este caso", indicó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino.

Explicó que la suspensión de la audiencia se debió a la falta de abogado defensor de Cusi, y dijo que los miembros del Tribunal de Sentencia, respetarán las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución Política del Estado en sus artículos 215, 216 y 217.

Indicó que existe la Ley de la Defensa Pública boliviana, que facilita la asignación de un abogado para el acusado, que fue rechazada por Cusi, por lo que se le brindó una lista de 17 juristas para que pueda elegir alguno de ellos y cumpla con el rol de defensa técnica para el reinicio del juicio.

Por otra parte, el senador aclaró que el presidente del Tribunal de Sentencia, José Alberto Gonzales, dejó de ser Presidente interino del Estado a las 09h00 de hoy, tras la llegada del Vicepresidente Álvaro García Linera al país, por lo que no se violó la Constitución Política, como denunció Cusi.

A su turno, Cusi dijo que no aceptó los abogados públicos porque indicó que son "funcionarios de la Ministra de Justicia (Virginio Velasco)", de quien dijo depende del Poder Ejecutivo donde se encuentran funcionarios del Movimiento Al Socialismo.

"Cómo un masista me va a defender, los masistas me quieren ver muerto y para eso es este juicio de responsabilidades, y por lo tanto cualquier abogado de defensa pública no puede con objetividad defender mi caso", manifestó.

El proceso contra Cusi data de 2014 y fue iniciado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (2010-2014), pero fue suspendido por el delicado estado de salud del exmagistrado.

El juicio contra Cusi se fundamenta en presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, por dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.