TIERRA NOTICIAS. Organizaciones y madres de víctimas de pedofilia y abuso de menores denunciaron en Sucre que, durante la pandemia por el COVID-19, juzgados, tribunales y salas penales están otorgando libertad a los agresores sexuales y feminicidas, a pesar de que este tipo de delitos no deberían ser beneficiados con medidas sustitutivas, por lo que presentaron cartas al Consejo de la Magistratura, pidiendo auditorías de sus casos y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazando el beneficio de la detención domiciliaria.

También enviaron una carta al Comando de la Policía pidiendo protección porque se sienten amenazadas al saber que sus agresores están libres.

"Nos indigna y nos pone en peligro que los jueces estén dejando salir de la cárcel a quienes han cometido este tipo de delitos, por eso hemos solicitado al Consejo de la Magistratura una auditoria a los procesos", dijo una de las víctimas a la ABI, cuya identidad se mantiene en reserva.

En la solicitud de auditoria, dirigida a la presidente del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, las víctimas detallan irregularidades en cada uno de los procesos donde se otorgaron medidas sustitutivas, incluso a personas que tenían sentencia o eran reincidentes.

También mencionan que los tribunales no consideraron el Art. 239, que exceptúa la cesación de detención preventiva cuando se trata de delitos de "asesinato, violación a niña, niño adolescente e infanticidio".

"Pareciera que para el Estado simplemente representamos números dentro de las estadísticas, y más aún, cuando nuestros agresores están amparados bajo el actuar de los jueces y vocales, comprobando así que la impunidad y las leyes generan mayor protección a los agresores, dejándonos en total desprotección a las víctimas", dice la misiva al CM.

En la carta, dirigida al presidente del TSJ, Olvis Egüez, le hicieron notar que las víctimas están en desventaja, más aún cuando los agresores no tienen una sentencia ejecutoriada que les permite hacer uso de los medios dispuestos por la ley para beneficiarse con una medida sustitutiva (detención domiciliaria), por lo que le solicitaron "celeridad y tutela judicial efectiva".

Por su parte, el Gobierno, a través del viceministro de Igualdad de Oportunidades, Álex Ríos, tomó conocimiento de las denuncias de las víctimas y se comprometió a solicitar un informe detallado al Consejo de la Magistratura y la auditoria sobre los casos en cuestión.

"Sabemos que hay plataformas movilizadas en relación a casos de feminicidio, infanticidios y violaciones a menores. Les hemos solicitado nos hagan llegar al Ministerio de Justicia el pedido de auditoria para que también pongamos nuestros buenos oficios ante el Consejo de la Magistratura", dijo Ríos a la ABI.

El viceministro aclaró que la auditoria e investigación permitirá determinar si ha habido prevaricato o se han cometido irregularidades.

Adelantó que algunos de estos casos fueron entregados al Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (SEPDAVI) a objeto de que puedan hacer una evaluación y en caso de encontrar irregularidades, será el Viceministerio de Transparencia el que analice el planteamiento de una denuncia contra los administradores de justicia.

Solo en Sucre más de 50 internos del penal de San Roque se beneficiaron con amnistía, indulto y medidas sustitutivas desde que se inició la pandemia, a objeto de descongestionar los recintos penitenciaros.

LOS CASOS

Carla López, activista de la plataforma de Lucha Contra Todo Tipo de Violencia, adelantó que son muchos más agresores que los cuatro casos denunciados ante el Consejo de la Magistratura (CM).

Asimismo, dijo a que los nombres de los agresores tienen que darse a conocer para hacer seguimiento y evitar que continúen haciendo daño a los más débiles de la sociedad.

El primero de los casos expuesto ante el Consejo de la Magistratura, es el del exprefecto y exconsul de Argentina, Ariel Iriarte, acusado de violación a infante, niño, niña o adolescente, quien obtuvo la detención domiciliaria el 20 de agosto.

El segundo y tercer caso se trata de Jesús Lacoa Mamani, reincidente con dos sentencias condenatorias, acusado de abuso deshonesto y agravante contra sus propias hijas, quien obtuvo la detención preventiva el 24 de junio por haberse contagiado de COVID-19 en el penal de San Roque.

El último de los casos se trata del delito de violación agravado a infante, niña o adolescente perpetuado por Jaime Fabián Romero, que cuenta con sentencia, pero obtuvo la detención domiciliaria por haberse contagiado de COVID. Las víctimas no fueron notificadas del auto emitido por los jueces.