Miércoles, Noviembre 12, 2025
Seguridad & Defensa

Asambleísta de La Paz descubren a funcionarios del SEDES realizando cobros para el gobernados Santos Quispe

TIERRA NOTICIAS. Un operativo realizado por los asambleístas departamentales Israel Alanoca, Samanta Coronado y Aida Quispe destapa un caso de corrupción en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, en el que exigían pagos periódicos a más de 500 funcionarios para no perder sus cargos. Según las denuncias recibidas por los legisladores los cobros se hacían bajo instrucciones del gobernador Santos Quispe.

"Una denuncia anónima nos indicó que en esta oficina del edificio V Centenario, se estaban realizando cobros a todo el personal del SEDES. Entonces nos hemos constituido Israel Alanoca, Aida Quispe y mi persona, y descubrimos infraganti a estos funcionarios. Uno de ellos forcejeo con Israel y salió corriendo de la oficina, pero pudimos agarrarlo más abajo y se quedó con custodia policial", informó Coronado.

La legisladora departamental explicó que los funcionarios se constituían al edificio V Centenario ubicado en la avenida 6 de agosto, para realizar los pagos mendiante planilla y de acuerdo al item. Según la misma fuente, aquellos funcionarios que no cumplían con los pagos eran desvinculados de sus cargos.

"Nos hemos apersonado a este lugar porque hemos una denuncia, en el sentido que están cobrando dinero mensualmente aportes para el señor Santos Quispe, son funcionarios del SEDES y hemos venido acá y lo hemos agarrados infragantis a dos personas", declaró Alanoca.

En el interior de la oficina, los legisladores departamentales encontraron una computadora con la base de datos del personal, las planillas de cobro y tres cajones llenos de dinero en billetes de diferentes cortes: Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200, que sumarían más de Bs 10 mil.

"Son más de 500 funcionarios y hemos podido ver el escritorio lleno de dinero que cobraban a los funcionarios. Está la computadora es donde están todas las listas, en esta computadora está almacenado todo. Es vergonzoso este tema de corrupción en el SEDES", manifestó el asambleísta Alanoca.

Según los legisladores, los cobros se realizaban mensualmente y el monto se definía de acuerdo al cargo. Además según las denuncias este tipo de prácticas también se replicarían en otras reparticiones de la Gobernación, como el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) y otros.

Alanoca relató que una de las funcionarias aprehendidas admitió que los cobros eran “por instrucción del gobernador Santos Quispe”. La investigación preliminar apunta a posibles delitos de cohecho pasivo, beneficio en razón del cargo o extorsión.

En esa oficina también se encontraba un exfuncionario del SEDES que afirmó haber sido despedido por negarse a realizar los pagos exigidos.

"Me dieron mi memorándum de agradecimiento por no haber cancelado estos cobros ilegales", afirmó. Según el exfuncionario, inicialmente los aportes se recaudaban dentro del propio SEDES, pero posteriormente se habría instruido trasladar la operación al edificio V Centenario.

Su versión coincide con las denuncias anónimas que dieron origen al operativo y que fueron acompañadas con capturas de pantalla de un grupo institucional de WhatsApp denominado "Hacemos Gestión".

En esos mensajes se convocaba al personal a realizar los pagos en la nueva oficina. "Les esperamos con el compromiso de siempre los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12, de 09:00 a 14:00, en nuestra nueva dirección: edificio V Centenario, segundo piso, oficina 20A. (…) Se recomienda a quienes tengan pendientes de meses anteriores ponerse al día a la brevedad, a fin de evitar observaciones posteriores”, señala los mensajes.

Los asambleístas que verificaron este caso piden que se investigue a la persona que alquiló la oficina en la que se realizaban los cobros y que se identifique a todos los implicados en este hecho de corrupción. Los dos detenido en flagancia de los cobros fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que un juez disponga su situación jurídica.

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rc

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