Domingo, Octubre 31, 2021
Seguridad & Defensa

Caso Fondo Indígena: juez emiten sentencia de 5 años de prisión para Adolfo Chávez, Parra, Zapata y Aramayo

TIERRA NOTICIAS. El juez Hebert Zeballos del Tribunal Cuarto de Sentencia en Santa Cruz emitió sentencia condenatoria de cinco años de prisión para el exdirigente de la de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chavez Beyuma por el caso Fondo Indígena.

Adolfo Chavez fue declarado autor del delito de incumplimiento de contratos y deberá cumplir la condena en el Penal de Palmasola. En fallo de Zeballos también fue incluido Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo por la ejecución de recursos del Fondo Indígena (FONDIOC).

En el caso de Elvira Parra, exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, fue condenada a cinco años de prisión por la supuesta comisión del delito de conducta antieconómica. Parra está encrcelada cinco años y ocho meses sin sentencia condenatoria en última instancia.

Por otra parte, Zapata y Aramayo fueron condenados por el delito de incumplimiento de deberes con condenas de cinco y tres años de privación de libertad, respectivamente. En el caso de Armayo ya se encuentra recluido más de siete años en la cárcel si una sentencia.

En ese marco, “tomando en cuenta que los condenados Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra ya cumplieron la condena el Tribunal dispuso que inmediatamente se expida mandamiento de libertad, salvo que estén detenidos por otras causas”, detalla el reporte que se dio a conocer sobre el juicio, según consigna Los Tiempos.

En 2020, Aramayo, ex director de esta entidad y detenido por más de siete años sin sentencia, denunció que “4.400 dirigentes sindicales afines al MAS fueron beneficiados con 729 millones de bolivianos (de estos proyectos), a través de 1.100 transferencias autorizadas por Nemesia Achacollo, verificadas en uso y destino por Viviana Caro y Teresa Morales del ministerio de Planificación”.

El 27 de julio de 2019, el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz inició el juicio oral en contra del exdirigente de la Cidob, Adolfo Chávez Beyuma y otros, por irregularidades registradas en la administración de recursos del Fondo Indígena.

Chávez supuestamente debía elaborar proyectos para las regionales de tierras bajas y una vez que estén a diseño final, debía financiar los mismos con recursos de dicha entidad, sin embargo en este proyecto se observaron irregularidades en la transferencia de 902.008 bolivianos en favor de la Cidob en la gestión 2010-2011.

El desfalco millonario al Fondo Indígena en Bolivia considerado uno de los casos mas grandes y graves de corrupción ocurrido en el gobierno de Evo Morales Ayma fue perpetrado por dirigentes afines o que integran el Movimiento al Socialismo (MAS), los mismo se encargaron de cooptar y controlar los sindicatos de los campesinos e indígenas.

Fue en 2013 que se reveló el caso de “obras fantasmas” aprobadas por el Fondo Indígena y que causó un daño económico superior a 1.000 millones de bolivianos (170 millones de dólares), dado que se erogó dinero para proyectos que jamás fueron ejecutados y obras inconclusas de las cuales los mismos dirigentes de las regiones desconocían.

Tras una posterior investigación, los casos de corrupción fueron confirmados y ratificados incluso tras una investigación desde la misma Contraloría del Estado (2015). Pero hasta hoy, solo hay dos personas detenidas, Marco Aramayo y Elvira Parra, el resto está fuera con medidas sustitutivas o libres de cualquier denuncia.

Pese a demandas posteriores y denuncias contra quienes conformaron el directorio del Fondo Indígena de ese entonces, el caso aún no ha sido resuelto y para la CONTIOCAP, es fundamental recuperar el dinero para la reactivación económica del país tras esta pandemia de Covid-19.

En 2020, Aramayo, ex director de esta entidad y detenido por más de seis años sin sentencia, denunció que “4.400 dirigentes sindicales afines al MAS fueron beneficiados con 729 millones de bolivianos (de estos proyectos), a través de 1.100 transferencias autorizadas por Nemesia Achacollo, verificadas en uso y destino por Viviana Caro y Teresa Morales del ministerio de Planificación”.

Dos informes sellaron el destino del Fondo Indígena y la crisis en las organizaciones sociales afines al MAS. La Contraloría General del Estado, el mes de febrero de 2015, concluyó en un informe que 153 proyectos no habían sido terminados pese a que recibieron financiamiento para su ejecución.

La entidad remitió el caso al Ministerio Público para su investigación, porque detectó un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos. El reporte de Gabriel Herbas salió a la luz en plena campaña para las elecciones subnacionales del 29 de marzo.

El escándalo cobró factura en esos comicios. En particular, la candidata del oficialismo a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, tuvo que resignarse a la derrota luego de que su nombre aparecía en la lista, así como de muchos otros dirigentes que a título de representantes legales recibieron en sus cuentas particulares recursos públicos para los proyectos.

El otro informe fue de la interventora del Fondo, Larisa Fuentes, que identificó 30 proyectos “fantasma”, es decir que las obras no existen, pese a los recursos que recibieron. El daño en este caso asciende a 14.514.340 bolivianos, además de 713 proyectos que ya debieron ser entregados, en los que se presupone un daño económico de 87.739.378 bolivianos.

La intervención al Fondo fue producto de una decisión del presidente Evo Morales, tras conocer los niveles de corrupción detectados. El Gobierno y el MAS aseguran que no protegerán a ningún dirigente; sin embargo, hasta la fecha varios de ellos que recibieron montos millonarios siguen en la dirigencia y en cargos públicos.

En tanto, la oposición le recuerda de forma permanente al Gobierno que permitió una discrecional administración de la institución, dejando que Bs 685 millones se depositaran a 968 cuentas particulares de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, según la denuncia del jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz.

El Fondo contaba con un directorio como máxima instancia de decisión que, desde 2010, aprobó los estados financieros, los informes anuales y los proyectos. No obstante, según el Gobierno y el MAS, éste no tiene responsabilidad sobre el irregular manejo de la entidad.

El directorio estuvo presidido en los últimos años por la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien renunció al cargo después de que se conoció el informe de la Interventora.

También formaban parte del directorio la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y la Asamblea del Pueblo Guaraní, además eran parte los ministerios de Planificación, de Producción, de Economía y de la Presidencia.

La principal culpa recayó en los directores ejecutivos del Fondo, Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, que están detenidos, mientras que Daniel Zapata se dio a la fuga. Ambos aseguraron que el directorio conocía de todas las operaciones que se realizaban. Aramayo incluso denunció que los dirigentes sindicales presionaban para la aprobación de proyectos.

El Fondo nació en 2005, mediante decreto supremo, sin embargo, entregó su primer desembolso en 2010; desde entonces, transfirió más de 729,7 millones de bolivianos para 1.100 proyectos. Sólo el año pasado empezaron a revelarse proyectos fantasma e irregularidades en esta entidad.

Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los criterios que pesaron para que el Fondo aprobara más proyectos a algunas organizaciones en detrimento de otras, y por qué se aprobaban más de cinco planes en un solo día, y hasta en cuestión de segundos. Entre los beneficiarios de estas aprobaciones veloces figuran Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Julia Ramos, entre otros.

Los interculturales, por ejemplo, recibieron más de Bs 212 millones para el financiamiento de 357 obras. Luego, se ubica la CSUTCB, que recibió más de 208 millones para 289 proyectos, en cambio, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo recibió poco más de 90 millones de bolivianos para 117 proyectos.

Procesados. Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, la ex ministra Julia Ramos, los dirigentes Melva Hurtado (CIDOB), Remy Vera (CSUTCB), Teodosio Jumpiri dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) de Los Yungas de La Paz y el disidente Damián Condori, están siendo investigados por el caso.

GPA/rc

Copyright© 2021 Tierra Plus

Seguridad & Defensa