El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el viernes que no autorizará que la Policía Boliviana intervenga en el conflicto existente en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por la titularización de docentes sin examen de competencia.

"No hay ninguna autorización para que la Policía intervenga en el autonomía de la Universidad Mayor de San Simón", aseveró.

La decisión fue anunciada a pocas semanas de que el Tribunal de Justicia de Cochabamba emita dos órdenes para que las puertas del campus de la UMSS cerradas hace tres meses por el conflicto sean reabiertas con la ayuda de "un Notario de Fe Pública o la fuerza pública si fuera necesario".

Romero explicó que la determinación fue asumida porque él fungió como dirigente universitario en el pasado y nunca tuvo conocimiento de un caso en que la entidad del orden haya intervenido alguna universidad por una orden judicial, política o administrativa.

"Sólo recuerdo un caso extremo cuando un policía fue secuestrado y que la Policía ingresó (a una universidad) para liberar y recuperar a ese policía, que se produjo en los primeros años de la época de los años 80"s", manifestó.

Por otro lado, Romero dijo que la resolución fue adoptada, además, porque no cree que la intervención policial resuelva el conflicto y resulta incoherente que las autoridades de la UMSS pidan esa medida cuando tienen una institucionalidad fuerte, un cogobierno y autonomía para solucionar sus problemas de manera interna.

"La acción de la Policía sería sólo una manera de eludir, no es cierto, el debate interno, y la resolución de la crisis institucional en la que ellos mismos han incurrido por no haber respetado sus reglamentos internos", aseveró.

Sobre la base de esos argumentos, Romero manifestó posteriormente que solicitará reunirse con las autoridades judiciales de Cochabamba para que en el marco de la coordinación entre órganos del poder público se reconsidere la orden de intervención policial en el asunto.

Los estudiantes de la UMSS mantienen un paro hace 12 semanas y el cierre del campus de esa entidad académica en rechazo a la resolución 1/2015 que emitió en abril el Consejo Universitario para permitir que cerca de 1.000 docentes extraordinarios sean subidos a la categoría de titulares sin examen de competencia.