TIERRA NOTICIAS. La alianza Creemos impugna la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso del "fraude electoral", basado en el estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El jefe de bancada de Creemos, diputado Erwin Bazán, criticó al fiscal general, Juan Lanchipa, por desconocer la auditoría vinculante de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizado al cómputo electoral de los comicios del 20 de octubre de 2019, trabajo homologado por un acuerdo entre el Estado Bolivianos y la OEA.

Lanchipa, elegido como Fiscal General por los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), prefirió dar más crédito a un informe de consultoría encargado por él, por encima de la auditoría que hizo la OEA oportunamente a solicitud del mismo Evo Morales Ayma. 

“El fiscal Juan Lanchipa no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano. Como parlamentarios vamos a estar en trinchera realizando todas las acciones judiciales que se nos permite de acuerdo al derecho”, aseveró Bazán.

En ese contexto, Bazán explicó que la acción legal formulada por los legisladores se cumple en el marco del ejercicio de control y fiscalización; además, del derecho a la petición, el acceso igualitario, a la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la impugnación, tanto en calidad de víctimas y como asambleístas.

Bazán también informó que Creemos presentó ante la Fiscalía el memorial de apersonamiento por considerarse, como sociedad civil, “víctimas el fraude electoral” de 2019.

“Nos estamos apersonando en calidad de víctimas porque no vamos a permitir una manipulación, una distorsión de la realidad y de la historia (…) exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas porque nosotros como ciudadanos naturales somos víctimas del fraude electoral de 2019", declaró el diputado de oposición.

Esta semana Juan Lanchipa anunció el cierre del caso "fraude electoral" y el sobreseimiento de los implicados basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca.

El estudio fue realizado en gabinete instalado en España después de un año y seis meses de las elecciones del 20 de octubre de 2019. Mientras que la auditoria de la OEA fue desarrollado por un equipo multidisciplinarios de diferentes países, que arribaron a Bolivia el 31 de octubre de 2019, vale decir, 10 días después del fraude electoral.

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