TIERRA NOTICIAS. El alcalde del municipio de Independencia de Cochabamba, David Campero, fue aprehendido en cumplimiento a una imputación emitida por el Ministerio Público en su contra, por su presunta implicación en un supuesto cobro ilegal de 12 cheques que ascienden a 536.270 bolivianos de las arcas de esa urbe, informó el miércoles el fiscal departamental, Oscar Vera.

"En el transcurso de la mañana se ha procedido a la aprehensión de quien en su momento fungía como Alcalde del municipio de Independencia y ha sido sindicado por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado y conducta antieconómica", informó a los periodistas.

El Ministerio Público inició la investigación del caso de cobros ilegales por una denuncia penal planteada por los concejales de Independencia contra el alcalde de ese municipio, David Campero; su exdirector administrativo financiero, Iván C.; el excontador, Boris M. V; y una exconsultora, Sonia M.M., además de tres personas particulares Mateo B., Jorge C.C y Damián V.M., por la presunta comisión de siete delitos.

Según Vera, la aprehensión de Campero se registró cuando llegaba a una oficina que tiene en el edificio 'De la Torre', ubicado entre las calles Bolívar y Lanza, para dar una conferencia de prensa, en cumplimiento de un mandamiento emitido por el fiscal, Sergio Fajardo.

Por su parte, el abogado de Campero, Javier Rodríguez, explicó que la aprehensión de su cliente se ejecutó por la aparición de un indicio que supuestamente lo involucra en el caso de los cobros ilegales.

Detalló que la prueba hallada es un supuesto contrato firmado por Campero, para una consultora en la Alcaldía de Independencia, identificada como Sonia M.M., que debía realizar pagos por deudas y compras municipales y que tuvo acceso a un cheque por 61.900 bolivianos desembolsados, presuntamente, sin un respaldo administrativo.

"Sin embargo, cuando han presentado estos nuevos elementos hemos solicitado el mismo día que se nombre perito y que se establezca si en ese contrato y en ese cheque está la firma de mi cliente (...), porque en esos documentos no está la firma del Alcalde", explicó.

El jurista manifestó que el Ministerio Público vulneró los derechos constitucionales de su cliente con la orden de su aprehensión sin que se cuente, a su juicio, con elementos de convicción contundentes en su contra.