TIERRA NOTICIAS. Se presentó este viernes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta por parte del Diputado Erick Morón, contra de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones, por ser contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y por vulnerar derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado.

La Acción advierte la vulneración a los derechos fundamentales a la salud y la vida por pretender convocar a elecciones en el pico más alto de la pandemia por el COVID (inicios de agosto) y por atentar al derecho civil y político de 150.000 jóvenes que cumplen 18 años hasta agosto quienes quedarían al margen de las Elecciones Nacionales.

"Hemos presentado una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta enviada por Erick Morón quien es presidente de la brigada parlamentaria cruceña, contra la Ley 1297 porque vulnera el derecho fundamental a la vida y la salud y el derecho de elegir y ser elegidos de 150.000 jóvenes" dijo el delegado para presentar el documento en Sucre, Gino Urey.

Explicó que la Ley de las Elecciones del Movimiento Al Socialismo atenta a la democracia porque los más de 150 mil jóvenes, que cumplirían 18 años hasta agosto 3, quedarían al margen de los siguientes comicios porque la norma aprobada establece los plazos electorales concluidos donde no se abrirían ni el Padrón Electoral ni las listas de candidatos.

Dijo que están de acuerdo en la realización de las Elecciones, pero no en situación de riesgo para la salud y vida de los bolivianos, considerando que la información disponible actualmente revela que la pandemia presentará sus picos más altos a inicios de agosto, que es el plazo en el que establece la Ley la realización de las Elecciones Generales.

"No vamos a permitir las intenciones criminales de quienes piensan primero en su beneficio político antes que en la vida de la gente a quienes quieren llevar a unas elecciones que son un genocidio en el pico más alto de la enfermedad por el Coronavirus", enfatizó Urey.

En su criterio, la mencionada Ley debe anularse y llevarse adelante un nuevo proceso de convocatoria a Elecciones Nacionales, que tome en cuenta nueva inscripción de candidatos, de alianzas políticas y la apertura del Padrón Electoral para registrar a los nuevos electores.