El Ministerio Público informó el domingo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del administrador del club nocturno Katanas, Marco Cámara, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y organización criminal, denunciados por su hija, Noemí Cámara.

"El Ministerio Público ha logrado determinar la verdad material en base a la prueba documental debidamente obtenida que evidencia la comisión de los delitos por los que es imputado el dueño del club nocturno, quien deberá guardar detención preventiva", informó el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, citado en un boletín de prensa.

La audiencia de medidas cautelares fue instalada en el Hospital Metodista donde fue internado Cámara, tras su traslado a celdas judiciales.

En el marco de la fundamentación de la imputación, la fiscal asignada al caso sostuvo que la denunciante refirió que su padre enviaba al administrador del club, Gustavo Fernández, a países vecinos para reclutar mujeres jóvenes dispuestas a trabajar en Bolivia como supuestas modelos.

Una vez captadas, explicó que Cámara viabilizaba la inmigración de las mujeres para posteriormente despojarlas de sus documentos y obligadas a tener relaciones sexuales con clientes del club nocturno, bajo amenaza de deportación.

De acuerdo al cuaderno de investigaciones, las mujeres eran llevadas durante el día a la casa de Cámara en la zona Llojeta, y en la noche eran trasladadas al local Katanas, donde presuntamente eran explotadas sexualmente.

En esa dirección, el Ministerio Público sustentó la imputación en base a informes que registran los altos ingresos económicos provenientes del negocio de Cámara y la documentación de mujeres extranjeras hallada en el club nocturno, entre otros indicios que fueron secuestrados en allanamiento.

Ante lo expuesto por el Ministerio Público en la audiencia, la autoridad jurisdiccional determinó aplicar la medida extrema de la detención preventiva, tras establecer la comisión de los hechos por parte de imputado y evidenciar los riesgos procesales de fuga, por falta de un arraigo social, además del peligro de obstaculización, entre otros.