TIERRA NOTICIAS. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, admitió este jueves que se incumplieron procedimientos en la notificación de exautoridades del gobierno de Evo Morales, que derivaron en la libertad o nulidad de mandamientos de aprehensión contra ellos, aunque negó haber promovido esos errores.

Lanchipa se refirió al tema, toda vez que, en seis días, siete exautoridades vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el expresidente Evo Morales, se vieron libres de imputaciones, con mandamientos de aprehensión anulados o beneficiados con libertad irrestricta.

"En cuanto a las decisiones que han tomado las autoridades judiciales en los últimos días, en algunos casos han sido producto de acciones constitucionales que han advertido aparentemente el incumplimiento del debido proceso (...). El cambio de la situación jurídica de ellos (los exministros) ha dado lugar a que soliciten la nulidad porque no se había notificado correctamente a las partes, pero no es por un hecho que haya promovido el Ministerio Público", aseguró Lanchipa.

Dijo que en los casos en que la autoridad judicial dispuso la libertad o la nulidad de algunas actuaciones fiscales, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación.

En el caso específico de los exministros Héctor Arce Zaconeta, Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, asilados en la Embajada de México, cuyas órdenes de aprehensión quedaron sin efecto, el Fiscal General dijo que, en su momento, se hizo la notificación por edicto porque no se conocía su paradero oficial, sino hasta después de que la Cancillería estableciera el certificado de asilados de los imputados.

"La defensa de estas personas señaló que debería haberse notificado, vía cancillería, en la residencia de México. No se hizo de esa manera en ese entonces porque no teníamos el certificado que establecía esa condición (de asilados)", explicó.

Las exautoridades asiladas en la Embajada de México son investigadas por delitos de sedición, terrorismo, fraude electoral y otros.

En el caso del exministro Carlos Romero, involucrado en el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), dijo que se habría anulado la imputación formal porque los jueces advirtieron que no hay congruencia específica o nexo entre los hechos y la responsabilidad del imputado.

No obstante, mencionó que, sobre este caso, no tiene un criterio desarrollado a profundidad porque no tuvo oportunidad de revisar la decisión judicial y contrastar con la actuación fiscal.

Entre los casos que no mencionó es fiscal están el del asambleísta de La Paz, Gustavo Torrico, sindicado por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir.

La imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales también fue dejada sin efecto.