Jueves, Enero 13, 2022
Seguridad & Defensa

Fiscalía acelera el proceso contra Murillo y López por la compra de gases lacrimógenos, hoy presentó la acusación formal

TIERRA NOTICIAS. La Fiscalía acelera el proceso contra los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por la compra irregular de gases lacrimógenos en la gestión 2020, con la presentación de la acusación formal.

Tanto Murillo como López fueron imputados por la supuesta comisión de los delitos de daño económico de más de Bs 16 millones en la compra de los gases lacrimógenos a la empresa Bravo Tactical Solutions. El Ministerio Público sustentó sus acusaciones con 37 pruebas testificales en 179 pruebas documentales que fueron secuestradas en la investigación.

“Se presente ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de nueve personas implicadas en el proceso de contratación irregular de adquisición de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Defensa efectuado a finales de la gestión 2019”, dijo el fiscal general, Juan Lanchipa.

Los nueve imputados son acusados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado entre otros.

Además de los ex ministros Murillo y López, entre los nueve está el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (declarados en rebeldía), el ex director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa, Raúl López; el ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del ministerio de Defensa, Alex Camacho.

También están el ex director de Logística; Pedro Rea, la ex directora general de Asunto Administrativos, Ruth Palomeque; en contra del ex responsable de artículos clase cinco del ministerio de Defensa, Denis Vera; el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berman, declarado también en rebeldía.

El funcionario del Ministerio Público indicó que se está requiriendo la pena máxima como sanción penal para todos los imputados, que consiste en 10 años de privación de libertad; sin embargo, la justicia tomará en cuenta también los agravantes.

GPA/rc

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