TIERRA NOTICIAS. La Fiscalía General del Estado admitió tres de las cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades presentadas por el gobierno de Luis Arce en contra de Jeanine Áñez y otras exautoridades de su gobierno.

Los casos “Préstamo inconstitucional del FMI”, “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena” y “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, fueron aceptados e informados a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con los memoriales suscritos por el fiscal General, Juan Lanchipa.

En el caso del préstamo del FMI, la acusación fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en contra de Jeanine Áñez, del exministro de Economía, José Luis Parada Rivera, y del expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

Las acusaciones son por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados debido a que, de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 del 26 de junio de 2020, dispusieron la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI.

Ese proceso generó, desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte del Ministerio de Justicia.

El gobierno de Arce Catacora esgrimió argumentos para acusar de delitos intangibles, ignorando el gran peligro que representaba la pandemia de un nuevo, desconocido y letal virus procedente de Wuhan, China.

Ningún de las potencias mundiales tenían información del comportamiento del coronavirus a inicios del año 2020, por lo que adoptaron como medida preventiva los aislamientos domiciliarios, las cuarentenas, como respuestas inmediatas para enfrentar un virus letal desconocido.

Cuando inició la pandemia Covid-19 ningún país desarrollado del mundo tenía una cura, ni siquiera una vacuna, en esas condiciones todas las calles de todas la ciudades del mundo estaban desiertas, las ciudades de Bolivia no eran excepción.

Varios países del mundo cerraron sus fronteras para impedir el la propagación multiplicada de los casos de coronavirus. En el caso de Bolivia esa medida fue importante, porque en los 14 años del Gobierno de Evo Morales no se había invertido en la construcción, reconstrucción o el equipamiento de hospitales, los mismos que colapsaron totalmente con la propagación del virus.

La ciudadanía bolivian sufrió por la falta de oxigeno, por que las anteriores autoridades gubernamentales nunca se ocuparon del tema de la Salud en Bolivia.

El coronavirus provocó la más grave crisis social en todo el mundo, ningún país desarrollado o pobre estaba preparado para enfrentar la pandemia Covid-19. Todos los sistemas de Salud cayeron frente a la pandemia.

Bolivia optó por levantar campamentos en las fronteras con Chile para contener el avance del virus de Wuhan. Los bolivianos que retornaban al país debían hacer cuarentena de 14 días, afín de evitar que el virus llegaran con los migrantes.

Cuando los gobierno de todo mundo desconocían las medidas sanitarias para controlar el virus Covid-19, todos optaron por la cuarentenas. La provisión de alimentos fuer por el número de cédula de identidad.

Los médicos del mundo experimentaban tratamientos para impedir la muerte de todas las personas contagias. En el camino los médicos fueron descartando los medicamentos que no tenían efecto contra el virus.

Pese a todos esos antecedentes vividos por toda la humanidad, el gobierno de Bolivia arma procesos judiciales contra las ex autoridades de gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por tomar las medidas de contención que todos los gobierno del mundo tomaron en su momento.

A continuación reproducimos los argumentos que esgrime el gobierno de Luis Arce Catacora para enjuiciar a sus 'enemigos políticos': 

Respecto al caso “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena”, la acusación es contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo.

Esta acusación es por la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas, indica el reporte.

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.

Sobre el caso denominado “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, éste fue presentado contra Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y discriminación.

Este caso se refiere a los bolivianos que durante semanas fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile, en medio de la primera ola de la pandemia.

Niños, ancianos y mujeres embarazadas eran parte del grupo de bolivianos que fueron impedidos de ingresar al país por el paso terrestre, mientras que otros ciudadanos que retornaban vía aérea recibieron otro trato, lo que generó el reclamo de grupos de defensa de los derechos humanos, agrega el informe.

La cuarta acusación que aún no fue admitida por la Fiscalía se trata de la ampliación de la concesión por 15 años del Registro de Comercio a Fundempresa, según reportes de prensa.