TIERRA NOTICIAS. El Ministerio Público presentó el 17 de abril la acusación formal contra el exministro de Justicia, César Siles, y otros implicados en el denominado caso consorcio, relacionado con el intento de destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2025.

En el documento, dirigido al Juzgado Anticorrupción N° 17 de La Paz, la comisión de fiscales integrada por Omar Condori, Miguel Cardozo y Wilson Medrano solicita el inicio de los trámites correspondientes para la apertura del juicio oral, público y contradictorio.

Junto al exministro del gobierno de Luis Arce figuran en la acusación los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el abogado de la persona que presentó la acción de cumplimiento, José Ramiro Uriarte Ortiz; el accionante, Óscar Antonio Amelunge; y el funcionario del juzgado de Coroico, Sergio Edwin Sarmiento Choque.

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la acusación fue emitida por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal. Asimismo, indicó que se solicita una pena de 10 años de prisión para los acusados.

“El Ministerio Público ha recolectado más de 40 pruebas, entre ellas transcripciones de conversaciones, además de la inspección ocular, donde se establece claramente la participación de cada uno de ellos en los delitos que se investigan”, afirmó.

El caso se remonta a 2025, cuando se descubrió la conformación de una trama para remover de su cargo a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira, mediante presuntas presiones al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que disponga su destitución a través de una acción de cumplimiento, con el fin de que su suplente, Iván Campero, asuma el cargo.

Entre los elementos recolectados durante la investigación figura un audio en el que se escucha al exministro Siles presuntamente ofrecer garantías al juez Lea Plaza para ejecutar el plan de destitución.

En el curso de la investigación, Siles y el exvocal Córdova alcanzaron un acuerdo con Coaquira para una reparación a cambio del desistimiento de la denuncia penal; sin embargo, la Fiscalía rechazó el documento al no contar con la firma de la víctima.

La exvocal Claudia Castro se encuentra con detención domiciliaria, mientras que el resto de los implicados obtuvo medidas sustitutivas.

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