La Paz, Bolivia, 03 de Octubre de 2026 (Tierra Plus). El juez 5º de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Juan Carlos Montalbán, dispuso la detención preventiva por seis meses para el exfiscal general Roger Mariaca, el exfiscal departamental Alberto Zeballos, exfiscal superior Martín Irusta y el mayor de la Policía, Rúben Aparicio.

Tras 15 horas de audiencia, el juez cautelar determinó que Mariaca sea enviado al centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya de La Paz; y Aparicio, a Chonchocoro, en el municipio de Viacha de La Paz.

Mariaca es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas y, en su imputación formal, la Fiscalía sostiene que usó su cargo para proteger al capo uruguayo Sebastián Marset, a quien le “permitió el almacenamiento, ingreso y salida” de drogas del país.

Durante la audiencia, el juez rechazó la solicitud de Mariaca para ser sometido a un juicio de responsabilidades y determinó que sea procesado por la vía ordinaria, debido a que los delitos que se le atribuyen corresponden a la jurisdicción ordinaria.

La audiencia inició pasadas las 05:15 de este sábado de forma virtual desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en El Alto donde se encuentran los cuatro imputados.

Mariaca fue aprehendido el pasado miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Según la imputación, el sindicado habría ofrecido una “protección selectiva”, contraviniendo su función de ejercer y liderar la acción penal, y propiciando la injusticia y la impunidad en favor de Sebastián Marset, procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Entre los indicios presentados figuran videos en los que Marset se refiere a Mariaca como “amigo” y señala que este tenía la función de alertarlo. Asimismo, se menciona que Marset habría pagado 500.000 dólares para obtener protección en el país.

Tras conocerse el caso, el exfiscal general fue trasladado a la ciudad de La Paz para ser procesado. Su situación generó un vacío en el Ministerio Público.

Ante esta situación, la Asamblea Legislativa resolvió impulsar la modificación de la Ley 260 del Ministerio Público, con el objetivo de establecer la suspensión definitiva de todo fiscal general que resulte imputado o tenga medidas cautelares por delitos penales, así como la designación de una autoridad interina.

Tras la aprobación del proyecto de ley en las cámaras de Senadores y Diputados y la posterior promulgación de la norma, el Legislativo suspendió a Mariaca y designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino.

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