TIERRA NOTICIAS. La juez de Instrucción de Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción de Sucre, Miriam Flores, determina remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tres denuncias penales en contra de los magistrados autoprorrogados para que sean procesados en la vía de juicio de responsabilidades por el delito de usurpación de funciones.

Flores declara probada la excepción planteada los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional por falta de acción. El presidente del TCP, Paul Enrique Franco Zamora, defendió la presunta legalidad de la autoprórroga con la Declaración 049, que dispone la ampliación de sus mandatos.

"La juez ha declarado probada la excepción de falta de acción, establecido que debe aplicarse el contenido de la Ley de Juicio de Responsabilidades No 044, con sus reformas y pues, en ese sentido ha ordenado que el Ministerio Público debe está a dicha resolución y en consecuencia ha procedido al archivo de obrados", dijo Franco.

En una primera instancia, los magistrados autoprorrogados del TCP fueron denunciados por parlamentarios de Comunidad Ciudadana por presunta usurpación de funciones, tras la extensión de su mandato.

"Se ha podido evidenciar que nuestra situación jurídica actual está basada en la Declaración Constitucional que establece la prórroga de los mandatos y, en consecuencia, estamos ejerciendo funciones en condición de magistrados", destacó el presidente del TCP, Paul Enrique Franco, al final de la audiencia de este martes en Sucre.

Con esta decisión de la juez Flores, los procesos penales en contra de los magistrados tendrían que ser remitidos a juicio de privilegio. Sin embargo, el Ministerio Público determinó apelar la determinación de la juez.

"El Ministerio Público ha procedido a plantear el recurso de apelación correspondiente por lo cual salas es la que va determinar si ratifica o revoca la decisión asumida por la juez", aseveró el fiscal asignado al caso, Fernando Aragón.

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