El Tribunal Primero Anticorrupción de la ciudad de La Paz negó el miércoles la cesación de detención a Gabriela Zapata, ex novia del presidente Evo Morales, recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros.

"La defensa no pudo contrarrestar los riesgos procesales, como trabajo, domicilio, al parecer desconocen las imputaciones que tiene y la actividad delincuencial reiterada, por eso el tribunal le negó la cesación a la detención preventiva", explicó el Fiscal a cargo del caso Daniel Ayala.

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El Fiscal subrayó que la familia de Zapata desconoce los juicios que enfrenta y al parecer no hay coordinación con sus abogados por lo que no se demostró nada en esa audiencia.

"Esto es por el primer caso, contraversiones contrarias e ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, entre otros por lo que debe permanecer recluida en el Centro de Orientación de Miraflores", remarcó.

La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, presentó ante el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz un contrato de trabajo en la empresa de autopartes Yosimin, ubicada en la zona de San Pedro, como garantía para que cese la detención preventiva que afronta en la cárcel de Miraflores.

Hoy por la mañana se instaló la audiencia de cesación a la detención de Zapata y su defensa presentó este contrato que detalla que la exgerente de la empresa china CAMC percibirá un salario mensual de 3.500 bolivianos.

Con ello se pretende justificar un trabajo estable para garantizar la medida sustitutiva que le permita defenderse en libertad, luego de 8 meses y 15 días de encierro en el penal de mujeres.

Zapata se encuentra recluida desde el 29 de febrero acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad, entre otros delitos.

Los Ministerios de Transparencia y de la Presidencia presentaron la denuncia por uso de bienes del Estado, tras descubrirse que empleaba oficinas de la Unidad de Gestión Social, cuya jefa era Cristina Choque, para cometer actos ilícitos. A ésta última, la Fiscalía también la acusó por uso indebido de bienes y servicios, asociación delictuosa y otros.