TIERRA NOTICIAS. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar el resarcimiento económico de 10 millones de dólares a cambio de evitar mayores acciones legales de los demandantes.

El acuerdo llega después de 20 años de la tragedia y un largo litigio por la vía civil en Estados Unidos, hasta donde Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron el viernes 17 de octubre del 2003, tras ejecutar una masacre en la ciudad de El Alto y La Paz. En esa ocasión se había reportado la muerte de 70 personas.

"Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. (Ahora) me siento orgulloso de que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, dijo uno de los demandantes, Teófilo Baltazar, según consigna el Centro de Derechos Constitucionales.

Sin embargo, la conciliación conseguida hasta hoy (28.09.2023), prohíbe a los familiares de las víctimas de octubre 2003 continuar con la realización de otras acciones legales en contra de Goni y su ex ministro 'Zorro Berzaín' por los hechos luctuosos del 2003. Además especifica que la decisión de conciliar no implica que Goni y Sánchez Berzaín admitan responsabilidad.

Por este proceso civil impulsado por nueve familias de El Alto en Estados Unidos, en 2018 un jurado federal en Florida declaró a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín culpables de los asesinatos y concedió una indemnización de 10 millones de dólares a los demandantes.

Tras el acuerdo, "los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de 2018 permanecerá en vigencia", informó el Centro de Derechos Constitucionales, que patrocina a los familiares de 9 víctimas de los más de 70 fallecidos que dejó las acciones del gobierno de Goni, en octubre del 2003.

El activista estadounidense y abogado, Thomas Becker, que representó a los demandantes, destacó que con este juicio se muestra que se puede hacer responsables a los líderes mundiales se ha refugiado en los Estados Unidos después de cometer abusos atroces.

Las violaciones a los derechos humanos en este caso, se registraron durante manifestaciones protagonizadas en la ciudad de El Alto, en los meses de septiembre y octubre de 2003, violentamente reprimidas por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía estatal.

Entre los demandantes se encontraban Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija de ocho años, Marlene, fue asesinada delante de su madre cuando una bala entró por la ventana de su casa, en la ciudad de El Alto.

Otro demandante en contra de Goni y el "zorro Berzaín" es, Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada con una bala que penetró la pared de su casa.

Otro familiar es, Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue baleado y asesinado al borde de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue baleado y asesinado mientras cuidaba sus cultivos.

El entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quien encabezó la brutal represión en septiembre y octubre del 2003, creyó equivocadamente que sofocaría la revuelta popular asesinando a algunos manifestantes.

Durante el juicio que duró tres semanas en 2018, los testigos relataron que los tanques circularon por las calles y que los militares dispararon durante horas y horas, incluso dentro de las casas y a civiles desarmados que huían. Los muertos sumaron por decenas y los heridos por centenas entre el 10 de septiembre y el 17 de octubre de 2003.

El gobierno de Evo Morales asumió el compromiso de extraditar de Estados Unidos a Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, promesa que tampoco cumplió. Con el paso de los años, el número de muertos se incremento a consecuencia de la gravedad de las heridas. Todas las víctimas del octubre de 2003 quedaron abandonados por el gobierno.

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