TIERRA NOTICIAS. Debido a la falta de transparencia en el manejo que hizó el Gobierno de Luis Arce de las Reservas Internacionales Netas (RIN), presentan denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

El dirigente alteño, Gregorio Gómez Mamani, informó que interpuso la demanda para esclarecer la situación de las reservas de oro. La querella fue subsanada en los acápites observados por la Fiscalía en una primera instancia. "Hemos presentado una denuncia penal por la venta anticipada de oro”, declaró el dirigente, según el reporte de Unitel.

La denuncia fue presentada junto con su abogado, Kurmi Rocha, ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Gómez pidió al fiscal analista que “demuestre que apoya a la población boliviana” y que haga “una transparencia del tema del oro en nuestro país”.

El 10 de septiembre del presente año, un informe del BCB reveló que las reservas de oro de Bolivia alcanzan las 24,12 toneladas y especifica que 21,85 se encuentran “depositadas e invertidas” en seis entidades financieras internacionales y 2,27 se encuentran en las bóvedas del ente emisor.

Esa misma jornada el ministro Montenegro señaló que se realizó ventas anticipadas del oro y advirtió que todo se encontraba enmarcado en las normas bolivianas.

Una de las principales preocupaciones del denunciante es conocer dónde están las reservas de oro de Bolivia. “Queremos que se aclare”, manifestó Gómez.

El dirigente cívico justifica su accionar en la actual situación económica del país. “Bolivia está en crisis económica, está en desfalco al pueblo boliviano”, manifestó durante su declaración a la prensa.

En criterio del dirigente alteño, si “el fiscal analista no admite o sigue teniendo observaciones, va a sospechar que es cómplice de las movidas”, dijo.

El dirigente pide una “investigación transparente para el pueblo boliviano” y exige conocer todos los detalles sobre el manejo de las reservas de oro del país.

Cuando el ministro Montenegro fue consultado sobre la denuncia manifestó que se defenderá en los juzgados, pero que todo se encontraba enmarcado en las normas bolivianas.

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