TIERRA NOTICIAS. La directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, anunció el domingo que se trasladará a un interno de la cárcel de El Abra, quien es integrante del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, a otro recinto carcelario, además se procederá a relevar a los efectivos policiales de ese penal.

"Vamos a trasladarlo, no puedo decir dónde. También, hemos pedido el cambio de todo el personal policial, ya que tiene mucho que ver con lo ocurrido", dijo la autoridad, en referencia al hallazgo de una granada de guerra, en poder de un miembro del PCC.

Suárez señaló que se realizan investigaciones, con el objetivo de establecer cómo llegó ese artefacto de guerra, a poder del reo brasileño.

El hallazgo en la cárcel de máxima seguridad de El Abra, ocurrió el 11 de febrero, dos días después que otro reo, de nacionalidad brasileña también, lanzó una granada en la cárcel de Mocoví, Trinidad, donde murieron dos presos y 25 fueron heridos.
"Estamos hablando de organizaciones criminales que buscan la toma del poder dentro de las cárceles, como lo que hemos tenido dentro El Abra, donde se encontró una granada de guerra", advirtió la Directora Departamental de Régimen Penitenciario.

Respecto a las denuncias del defensor del pueblo sobre supuestos malos tratos y vulneración de derechos de los reos, en las cárceles de Cochabamba, la autoridad penitenciaria aclaró que no recibió ninguna nota o reclamo escrito.

"No hemos recibido nota alguna de parte del defensor del pueblo; sin embargo, sé que se atrevió a acercarse a los medios de comunicación, a decir que se estarían vulnerando los derechos humanos de los presos. Él desconoce lo que se vive dentro de un centro penitenciario", dijo terminante la autoridad.

Explicó que entre los reos existen drogodependientes que al verse privados de la sustancia les sobreviene el síndrome de abstinencia, y cometen actos irregulares que deben ser controlados, "como la quema de una frazada, en represalia a que no les está ingresando la sustancia de la dependen".

"Entonces, el defensor, cuando acude a los centros, recibe y oye lo que dicen los privados de libertad, porque quieren verse favorecidos", aclaró.

Agregó que la dirección a su cargo, bajo instrucciones del Ministerio de Gobierno, intenta resolver los problemas derivados de la abstinencia, con el suministro de medicamentos y el aislamiento.