TIERRA NOTICIAS. Un "testigo clave" declaró hoy (09.09.2020), en Sucre que un consorcio de jueces y abogados posibilitó la irregular habilitación de la candidatura del abogado Juan Lanchipa para el cargo de Fiscal General del Estado el año 2018, aseveró el abogado Jorge Valda Daza, que es uno de los demandantes en este caso.

"El hecho de que se haga un sorteo, es precisamente para que uno no tenga la posibilidad de elegir con el si, con el no. Cuando se hace este cierre del Sistema, es decir, como sí existieran cinco puerta abiertas y se cierran cuatro, la única a la que se va dirigir (un caso) es a la Sala donde ya existía un acuerdo. ¿Eso cómo se denomina?, en materia penal se denomina consorcio de jueces, abogados, fiscales, uso indebido de influencias, prevaricato", aseveró Valda.

Una demanda penal interpuestas en la Fiscalía de Sucre, cuestionan la legalidad de la elección realizada por el Movimiento al Socialismo (MAS), del abogado Juan Lanchipa como Fiscal General del Estado.

En el marco de la demanda penal presentada por los abogados Christian Mina y Jorge Valda, en el 2019, hoy realizó su declaración legal un "testigo clave" que devela la manipulación efectuada en el Distrito Judicial de La Paz, para "lavar" los antecedentes penales que impedían la postulación de Juan Lanchipa al cargo de Fiscal General, en 2018.

"Lo que se hizo mediante instrucciones y ordenes superiores, en este caso la representante Distrital en ese entonces la Dra Anrriela Salazar, la Dra Rina Padilla encargada de Plataforma y el Dr Félix Pacoricona que era el asesor legal, se me conmina a mi persona para ejecutar un procedimiento en el cual se debía dar de altas y bajas a juzgados, significa cerrar y abrir ciertos juzgados de acuerdo a una solicitud por la cuestión de jefatura y también de una orden superior", aseguró el testigo clave. 

"Ellos me indicaron que me iban a hacerme llegar documentos, los oficios, para justificar las altas y bajas de juzgados, pero pasado este tiempo, en el momento que estaba trabajando y pasado algún tiempo, yo pedía a las autoridades que me pasen los informes para justiciar las bajas, pero en ese momento nunca llegaron dicho informes”, relató el testigo clave a radio Fides.

El "testigo clave" aseveró que "el 3 de septiembre del año 2018, fue obligado a dar de baja a todos los juzgados dejando únicamente habilitados aquellos a los que los funcionarios del Concejo de la Magistratura, por ordenes del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de aquel entonces, Juan Lanchipa, instruye, ordena para que el encargado de plataforma -que es la persona que tengo a mi lado y ha prestado su declaración- para que dé de baja a los juzgados", dijo Valda.

"Y esto ¿qué genera?, permite que la 'acción de libertad' de Juan Lanchipa, que fue amañada, fue dirigida a una Sala en particular, que fue la Sala Penal Primera en La Paz, que estaba compuesta en aquel entonces por Ana María Villagómez y Víctor Guaqui. ¿Quién era Ana María Villagómez?, secretaria de Juan Lanchipa, cuando él era juez Coactivo durante 10 años. es decir una persona que logicamente le iba brindar cualquier solicitud que él generase", relató Valda.

"Es de esta manera que sostenemos que una 'red criminal', una organización que maneja la justicia y que en este momento esta encabezada por el señor Juan Lanchipa. Él señaló de que no existía pruebas, de que eran actos de hostigamiento. Yo puedo demostrar, cómo desde noviembre del año 2019, venimos denunciado a distintas autoridades, tanto estamentales como investigativas, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, expusimos estas irregularidades", manifestó el abogado Valda.

El abogado de los cívicos cruceños, Carlos Martín Camacho, afirmó que el testigo clave fue obligado a realizar actos de manipulación a través del sistema para direccionar una acción de libertad que derivó en un resultado y una sentencia que habilitó la candidatura de Lanchipa a la Fiscalía General del Estado, se anunció que se solicitará protección para el testigo clave quien teme por su vida y por la de su familia.

“Él era el encargado del sistema, el jefe del sistema del Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz en el momento en que Lanchipa era presidente del Tribunal de Justicia paceño”, precisó el jurista a tiempo de indicar que se identificó a tres personas con cargos superiores quienes habrían entregado las órdenes para tal efecto.

El diputado Tomás Monasterio recordó que hay un proceso pendiente contra Lanchipa porque supuestamente se valió de sus influencias para llegar a ese puesto. Sostuvo que manipuló el sistema de asignación de casos a los tribunales, en La Paz, con el propósito de estar habilitado y acceder como candidato al cargo en 2018.

“No sólo es una marioneta funcional dentro del sistema de justicia impuesto por MAS, sino que también es un corrupto y lo he podido demostrar a través de una investigación en la que se puede evidenciar las irregularidades dentro del proceso de elección y selección del Fiscal General”, dijo el legislador en agosto.

Plataformas ciudadanas, cívicos y activistas, que se encuentran en Sucre, anunciaron en días pasados que pedirán a la Fiscalía de Chuquisaca que emita un mandamiento de aprehensión contra Lanchipa.

En un documento señalan que Lanchipa logró hacer archivar dos procesos penales en su contra, con acciones de libertad direccionadas, para salvarse de un posible juicio por delitos de manipulación informática, cometidos cuando era vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en el marco de su postulación a Fiscal General, según reporte de Correo del Sur.

Añade que Lanchipa fue excluido de la lista de postulantes –no cumplía con los requisitos–, pero, tras acciones constitucionales y manipulación de información, logró habilitarse nuevamente, según los denunciantes. La supuesta manipulación del sistema, para direccionar la causa a una determinada Sala Penal, se habría hecho por instrucciones superiores, inclusive de los consejeros del Consejo de la Magistratura.

El testigo clave afirmó que por la supuesta manipulación informática quedó fuera de su trabajo. “Bajo la presión de Sucre y también de la doctora Anrriela Salazar se me obligó en ese momento dar un paso al costado, a renunciar, tuve un proceso el cual fue de manera individual, me asesoré, fui denunciando para que eso no caiga contra mi persona, no fue una determinación de mi persona, fue una instrucción del inmediato superior en este caso, del Consejo de la Magistratura, de la directora”, añadió.

Lanchipa asumió en 2018 el cargo de Fiscal General del Estado, después de ser designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, y durante el gobierno de Evo Morales. Antes de ser presidente del Tribunal Departamental de La Paz (2017-2018), se desempeñó como responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), entre los años 2013 y 2017, cuya demanda planteada ante La Haya contra Chile fue adversa a Bolivia para retornar al mar.