TIERRA NOTICIAS. El docente y sus dos o tres estudiantes de la Universidad de Salamanca cobraron Bs 216.193 bolivianos por el estudio elaborado sobre el caso del fraude electoral del 20 de octubre del 2019. Los integrantes del grupo de estudio de la universidad española, solo evaluaron documentos seleccionados por la Fiscalía boliviana.

"Hemos realizado el pago a través del Banco Central de Bolivia. Dentro de los proponentes se ha calificado a este equipo de investigadores dependiente de la fundación general de la Universidad de Salamanca, con sede en España. El precio cancelado es de 216 mil bolivianos y fracción, que más o menos convertido son 30 mil dólares", dijo Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía.

Este martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, cerró el caso fraude, abierto en noviembre del 2019, al señalar que el informe detectó negligencias y no manipulación de datos. Así liberó de culpa a seis ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros seis ex funcionarios de la institución.

Según el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), entre los requerimientos está “determinar todos los accesos al sistema TREP tanto a la base de datos, servidores de aplicación y el acceso al sistema web, antes, durante y después del acto eleccionario”.

Todos los análisis habrían sido llevados a cabo con las evidencias cursantes en el cuaderno de la investigación y que fueron proporcionadas por el Ministerio Público, el ámbito y el alcance del trabajo se circunscribe estrictamente a los puntos de pericia limitados en el requerimiento de la Fiscalía, sin tener la posibilidad de indagar en otras fuentes.

La fiscalía boliviana señala que la pericia se encargó el 15 de abril de 2021, es decir, a casi un año y medio después de destaparse las irregularidades en los comicios del 20 de octubre de 2019, gracias a un informe preliminar difundido en la madrugada del 10 de noviembre de ese año por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El BISITE entregó un informe con más de 230 páginas, luego de tres meses de trabajo, según la Fiscalía.

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