TIERRA NOTICIAS. La Justicia chilena emitió la primera condena de cárcel efectiva en contra de un político por delitos cometidos mientras ejercía su función: el exsenador conservador Jaime Orpis fue sentenciado a más a cinco años y 600 días de cárcel por corrupción.

"Caso Corpesca: 3° TOP de Santiago condena a Jaime Orpis a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho", señala el mensaje publicado en Twitter por el Poder Judicial Chile.

El exsenador fue hallado culpable de recibir dinero el 2013 de la empresa Corpesca -la mayor pesquera de Chile- a cambio de favorecerla durante la tramitación de una nueva ley de pesca.

“Orpis, exsenador del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), de la actual coalición de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue condenado a cinco años por el delito de fraude al fisco y a 600 días por cohecho, según determinó un extenso fallo del Tercer Tribunal Oral”, indica el reporte de la agencia Andina de Perú.

El condenado deberá cumplir de forma sucesiva ambas condenas, relató la jueza Claudia Bugueño durante la lectura de la sentencia, aunque se le restará el tiempo que ya estuvo en prisión preventiva y domiciliaria, por lo que finalmente pasará en la cárcel más de tres años y también deberá pagar una multa de más de $us 150.000.

El exsenador conservador quedó también inhabilitado para ejercer cargos públicos. Junto a él, y en el marco de la misma investigación, fue condenada también la exdiputada independiente Marta Isasi por el delito de cohecho, pero la sentencia de 50 días de prisión impuesta ya la cumplió durante la investigación en arresto domiciliario.

Después de una serie de denuncias por el irregular financiamiento de la política que estallaron en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), solo el caso de Orpis terminó en una sentencia de cárcel.

En el resto de los casos, en su mayoría por el uso de facturas falsas o por servicios en realidad no prestados, los juicios fueron archivados al cambiar el criterio del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a las empresas que financiaron ilegalmente campañas políticas en el país. En cuanto a la empresa Corpesca, tendrá que pagar una multa de más de $us 700.000.