El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó hoy su preocupación por la aparición de nuevas denuncias de expulsión de adolescentes en estado de gestación de unidades educativas en áreas rurales "lo que no solamente vulnera derechos claramente señalados en la normativa, sino que, muestra la persistencia de una visión patriarcal y discriminatoria que castiga a las mujeres por el hecho de ser madres, y esto no lo podemos seguir tolerando", afirmó.

Tras atender una denuncia sobre la expulsión de  cuatro adolescentes en estado de gestación y dos que habían dado a luz recientemente, ocurridas en una unidad educativa en Nor Yungas, la Defensoría del Pueblo inició la investigación correspondiente para lograr la restitución de sus derechos. El extremo fue confirmado por el propio director del colegio, quien refirió que no hubo expulsión, sino que "se les otorgó licencia por recomendación de los padres de familia y que ellas podían presentar sus trabajos escolares y cumplir con los exámenes de evaluación".

Este argumento, a criterio del Defensor, es solo una forma velada de afectar los derechos de las adolescentes, ya que refleja un mecanismo de discriminación al intentar separar a las madres del resto de los alumnos y alumnas del establecimiento por su condición.

"Tampoco son válidas las razones que señalan que este tipo de acciones responden a la presión de la comunidad porque los derechos a la educación, a no ser discriminado y a ejercer la maternidad en condiciones de igualdad y protección, están por encima de otras consideraciones que no vienen al caso", enfatizó Villena.

Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, la autoridad de la unidad educativa se comprometió a dejar sin efecto esa determinación y dispuso el retorno  a clases de las estudiantes afectadas.

Asimismo, pidió a las autoridades del Ministerio de Educación hacer seguimiento de estos hechos que, remarcó, parecen repetirse pese a que en 2014 luego de un caso similar, las autoridades educativas asumieron el compromiso de emitir circulares a las direcciones de unidades educativas de zonas rurales para evitar que incurran en estos ilícitos.