TIERRA NOTICIAS. El Departamento de Estado (Ministerio de Justicia) del Gobierno de Estados Unidos reporta graves violaciones los derechos humanos en Bolivia, como torturas, detenciones arbitrarias y por motivos políticos. En el documento se destaca la preocupación por la falta de independencia de la justicia y las restricciones a la libertad de expresión en el año 2022.

“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: tortura y casos de trata o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura", señala el informe.

La Casa Blanca incluye en la larga lista de vulneraciones del Estado boliviano la "interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y existencia de las peores formas de trabajo infantil”, enfatiza en el informe del 2022.

De acuerdo con el documento basado en reportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) bolivianas, se denuncia al Ministerio de Justicia de Bolivia por no tomó acciones sobre acusaciones de tortura por parte de policías y militares, que la empleaban con frecuencia y en gran medida. Las ONG informaron que las investigaciones policiales usan como metodología las torturas de los detenidos, para obtener información y extraer confesiones.

"Según los informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a las instalaciones policiales o mantenían a las personas detenidas. Según informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres detenidos incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, tasers, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia", denuncia el Departamento de Estado.

El Gobierno de Estados Unidos también refleja en su informe, las denuncias de grupos internacionales de derechos humanos sobre las detenciones irregulares, sin fundamento legal, como el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En estos casos se destacan posiblemente motivos políticos para que las personas hayan sido detenidas, porque estas detenciones fueron contra opositores al gobierno o miembros del gobierno anterior.

"El 28 de diciembre, la policía arrestó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo trasladó a una prisión de máxima seguridad en La Paz. Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente afirmaron que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un ‘golpe de estado’. El 30 de diciembre, un juez ordenó la prisión preventiva de Camacho durante cuatro meses por cargos de terrorismo", señala EEUU.

"En respuesta al arresto de Camacho y los disturbios posteriores, el Secretario General de la ONU emitió una declaración en la que destaca la importancia de adherirse al estado de derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos legales. Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil", se acota en el informe.

El informe de Washington sobre derechos humanos también incluye las graves vulneraciones al "debido proceso" por parte del Gobierno del Movimiento al Socialismo, presidido por Luis Arce, en contra de la ex presidenta transitoria, Jeanine Añez. Estados Unidos cuestiona que jueces de la justicia ordinaria se hayan tomado la atribución de juzgar a una ex Mandatario, cuando lo que corresponde es un Juicio de Responsabilidades.

“El 10 de junio, la ex presidenta interina Jeanine Áñez Chávez fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión por ‘resoluciones contrarias a la constitución’ e ‘incumplimiento de deberes’ relacionados con su asunción a la presidencia en 2019. Se encontraba en prisión preventiva desde marzo de 2021", refiere el informe.

"La Constitución establece que los presidentes en ejercicio y los ex presidentes tienen derecho a un juicio político, en lugar de un juicio penal ordinario, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició procesos penales regulares contra Áñez, miembro del Movimiento Socialdemócrata, en lugar de juzgarla en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante MAS carecía de la mayoría de dos tercios necesaria para destituirla”, se argumenta en el documento.

Por otro lado, este Informe de EEUU sobre los derechos en Bolivia, también rescata la preocupación de los grupos de derechos humanos que observan y cuestionan que la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez, ex ministros y ex viceministros de su gobierno solo tengan móviles políticos.

En junio del año pasado, Human Rights Watch informó que no vio evidencia para respaldar los vagos cargos de terrorismo, sedición y conspiración contra la ex presidente. El informe de Human Rights Watch también señaló que a Áñez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio.

En el documento también se incluye las graves violaciones a los derechos de los detenidos en los recintos penitenciarios. EEUU señala que las prisiones en Bolivia registran altos niveles de hacinamiento y los presos carecen de servicio médicos adecuados, lo que crea condiciones críticas para los reos y que pueden derivar en su muerte.

Según el documento del Departamento de Estado de EEUU, Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, tráfico sexual y amenazas de muerte. "La corrupción es generalizada".

"La capacidad de un preso para pagar sobornos a menudo determinaba la seguridad física, el tamaño de la celda, los privilegios de visita, la capacidad de asistir a las audiencias judiciales, la elegibilidad para el pase diario y el lugar y la duración del encierro", se afirma.

"Los reclusos podían comprar un traslado al centro de rehabilitación, un centro de detención recién construido con mejores condiciones de vida. Tanto los reclusos como las ONG alegaron que el número de policías era insuficiente para escoltar a los reclusos a sus audiencias", se expone.

"Los directores (Gobernadores) de prisiones a menudo no tomaron medidas para trasladar a los reclusos a sus audiencias, lo que exacerbó las demoras. En ocasiones, la policía exigió sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias", se puntualiza en el Informe.

"Los medios independientes informaron que las denuncias de corrupción contra la policía eran comunes. Los reclusos dijeron que los guardias piden dinero a los reclusos a cambio de bienes de aseo y comida”, detalla el documento.

En materia de libertad de expresión, en el informe, se incluye las denuncias de los medios de comunicación bolivianos que señala al gobierno de Luis Arce por las presiones y la intimidación para que informaran favorablemente sobre sus políticas gubernamentales al marginarlos de la publicidad oficial e imponer impuestos elevados. Una ONG registró 61 violaciones a la libertad de prensa entre enero y abril, muchas de las cuales fueron instigadas por el gobierno.

“Los periodistas sufrieron amenazas y acoso. El 2 de noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz condenaron la agresión a un periodista que cubría el paro en Santa Cruz por la fecha del censo nacional. Marco Rocabado, periodista de la cadena de televisión UNITEL, fue golpeado con piedras y palos y una turba le robó su teléfono celular y su micrófono. Las asociaciones culparon del ataque a grupos apoyados por el MAS”, denuncia el documento.

Tierra Plus/rc

GPA/rc

Copyright© 2023 Tierra Plus