TIERRA NOTICIAS. La portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liz Throssell, platea como "vital" al gobierno de Bolivia, que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia en 2019 "sea utilizada de forma constructiva e imparcial" para establecer el dialogo y reducir la polarización.

“Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes”, manifiesta Throssell en sus comentario resumidos en comunicado de prensa.

El documento emitido desde Ginebra pone énfasis en "las conclusiones del GIEI (que) sostiene que la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas, y que además las fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y no impidieron adecuadamente los actos de violencia", Throssell cree que estas conclusiones del GIEI coinciden con las suyas emitidas en agosto del 2020.

Es por esa razón que Throssell considera que "las recomendaciones de este informe, junto con las de ACNUDH, constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”.

Finalmente el ACNUDH insta a Luis Arce Catacora a "establecer con prontitud un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo”.

El pasado martes 17 de agosto el GIEI presentó su informe, documento en el que inicia detallando como el 'origen' de los hechos violentos en los que desembocó a fines del año 2019, a las acciones anticonstitucionales ejecutadas por el entonces presidente Evo Morales Ayma, en su afán de perpetuarse en la Presidencia de Bolivia.

El informe del GIEI, en su parte de Antecedentes (página 18), describe paso a paso, todas las acciones ejecutadas por Evo Morales y su partido, comenzando el año 2009, las leyes aprobadas el 2013 para su reelección al tercer mandato. El documento también describe sus acciones en el referendo vinculante del 21 de febrero del 2016 y su habilitación anticonstitucional con el aval de su Tribunal Constitucional a fines de octubre del 2017. 

Pese haber asumido conocimiento pleno sobre todas estas violaciones a la Constitución Política del Estado y la Convención Americana, los mismo que han derivado en las muertes y violaciones de los derechos humanos a fines del 2019, el GIEI no tuvo la capacidad de estableces todos los delitos cometidos por Evo Morales y sus seguidores entre sus conclusiones y recomendaciones.

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